San José, 26 jun (elmundo.cr) – Mediante una carta los expresidentes de Costa Rica le solicitaron al presidente de la República, Rodrigo Chaves, que no entregue la Secretaría del SICA, al régimen opresor de Nicaragua.
Según detallaron “nos dirigimos a usted con ocasión de la información dada a conocer por la Cancillería costarricense el 23 de junio pasado, sobre la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) de recomendar la elección del Sr. Werner Vargas como Secretario General del SICA. Dicha recomendación será elevada a conocimiento de la Reunión de Presidentes de la región para que procedan con el nombramiento”.
Ante esto, el grupo de firmantes considera “que dicha elección resultaría altamente inconveniente a la luz de los principios que han orientado nuestra política exterior, de los instrumentos regionales que velan por la seguridad y estabilidad de Centroamérica, y de los intereses de seguridad nacional de nuestro país. Permítanos razonar sobre esas tres preocupaciones”.
Para los políticos “la política exterior de Costa Rica ha tenido entre sus pilares fundamentales la defensa de la democracia, la promoción, protección y respeto de los Derechos Humanos y libertades fundamentales, y la promoción de la paz y del desarme. Estos pilares han orientado la actuación del Estado costarricense en materia de política internacional, con independencia de los cambios de gobierno. Por ello, resultaría incongruente con esos valores que defiende y promueve Costa Rica, avalar la elección de un candidato propuesto por el régimen despótico y opresor que gobierna Nicaragua, para que ocupe el principal cargo del sistema de la integración centroamericana. En su más reciente informe de marzo pasado, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, documentó los casos de 43 personas aún detenidas en el contexto de las elecciones del 2021 y la muerte de uno de ellos en prisión, 34 personas sentenciadas a cárcel sin las garantías procesales, 92 casos de personerías jurídicas canceladas a Universidades, ONGs y fundaciones, y cerca de 150,000 nicaragüenses que tan sólo en el 2021 huyeron del país”.
Asimismo agregaron que “en relación con las preocupaciones que nos alcanzan sobre Centroamérica, debemos recordar que los entonces gobernantes de cinco países de la región establecieron desde 1987 en los Acuerdos de Esquipulas II, el compromiso con un “balance razonable de fuerzas” con el objetivo de evitar una nueva escalada militarista que desestabilizara el istmo centroamericano. Ese compromiso se volvió a ratificar en el Tratado Marco de Seguridad Democrática firmado por los mandatarios centroamericanos en 1995 definiendo un modelo de seguridad que “se sustenta en la supremacía y el fortalecimiento del poder civil, el balance razonable de fuerzas” y en un “compromiso con la democracia, basada en el Estado de Derecho y en la garantía de las libertades fundamentales””.
Para los exmandatarios “resulta evidente que Nicaragua está en flagrante y grosera violación de todos estos principios como lo confirman los datos sobre adquisición de armamento pesado -tanques, artillería remolcada y lanza cohetes- en los últimos años, y en abierta provocación a esas justas aspiraciones al anunciar recientemente la autorización para el ingreso de tropas a su territorio, incluyendo algunas provenientes de Rusia, misma que ha lanzado un ataque injustificado y feroz sobre el pueblo de Ucrania”.
“Finalmente, la decisión resultaría también lesiva a la seguridad nacional de Costa Rica. El candidato que Daniel Ortega ha impulsado para la Secretaría General del SICA, ocupó puestos en la Cancillería de Nicaragua y en la Corte Centroamericana de Justicia, cuando se produjo la invasión de ese país a Isla Calero en el año 2010. Desde ambas instituciones se produjeron acciones que lesionaron gravemente la soberanía, seguridad y tranquilidad de los y las costarricenses y se produjeron daños ambientales de dimensiones considerables, todo lo cual fue documentado en las resoluciones emitidas por la Corte Internacional de Justicia que fallaron en favor de los intereses de nuestro país”, añadieron.
Además hicieron hincapié en que “ni en nombre de los preceptos que rigen nuestra política exterior, ni de la estabilidad de Centroamérica o de la seguridad de Costa Rica, se puede permitir el nombramiento en la Secretaría General del SICA de un representante del régimen que gobierna Nicaragua. Por lo demás, considerando los cambios políticos que tienen lugar en la región y en el mundo, y sin desconocer el realismo que debe permear las decisiones que se adopten, debemos evitar el subordinar a esas nuevas realidades el interés nacional y la defensa de las políticas de Estado que han sido propias de nuestra nacionalidad”.
“Según los procedimientos establecidos por el Protocolo de Tegucigalpa en su artículo 5, las decisiones en la reunión de presidentes “se adoptarán por consenso”, por lo que bastaría la sola oposición de Costa Rica para evitar que se consolide una decisión a todas luces contraria a los derechos humanos y contraproducente para Centroamérica y Costa Rica”, afirmaron.
“Confiamos en que así suceda, gracias a su buen criterio y a su compromiso con los valores que han caracterizado la política exterior de nuestro país en el concierto de las naciones”, concluyeron.
