San José, 10 ago (elmundo.cr) – La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes no puede seguir siendo una problemática invisibilizada ni abordarse únicamente desde la denuncia o la sanción. Enfrentarla requiere una respuesta integral del Estado, con instituciones fortalecidas, políticas de prevención, y una sociedad comprometida con la protección y reparación de las personas sobrevivientes.
Esta fue la principal conclusión del “III Foro Nacional: ¿Quién protege a las niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual? Desafíos de Costa Rica para prevenir, atender y acompañar”, un espacio que reunió a expertos y testimonios de personas sobrevivientes, para reflexionar sobre las acciones que el país debe fortalecer frente a una de las violencias más extendidas y menos denunciadas en la región.
El evento fue impulsado por el Centro de Comunicación Educativa Voces Nuestras, el Movimiento de Voces Libres contra la Violencia Sexual, la iniciativa regional Resilientes e Inquebrantables y FCAM; además contó con la participación de organizaciones civiles, activistas, personas defensoras de derechos humanos y representación del partido Frente Amplio.
Dahianna Mora, presidenta de Voces Nuestras y coordinadora de Voces Libres, afirmó que “la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes constituye una crisis que afecta a toda América Latina, y Costa Rica no es la excepción. Detrás de cada cifra hay una infancia marcada y la vulneración de sus derechos. Frente a esta realidad, hacemos un llamado al Estado costarricense para fortalecer la prevención, garantizar una atención integral a las personas sobrevivientes y asegurar el acceso efectivo a la justicia. Al mismo tiempo, convocamos a toda la sociedad a asumir un rol activo, porque erradicar la violencia sexual requiere del compromiso colectivo hasta convertirse en una prioridad nacional”.
La actividad sirvió de espacio para presentar el “Pronunciamiento Nacional Contra la Violencia Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes 2026”, una agenda con 12 demandas como el fortalecimiento del acceso a la justicia mediante la eliminación de barreras para investigar y sancionar estos delitos; la recuperación de políticas públicas de prevención, como la Educación Integral en Sexualidad; el fortalecimiento de la institucionalidad; la promoción de entornos seguros en comunidades, centros educativos e instituciones religiosas; así como el impulso de una comunicación con enfoque de derechos humanos, libre de revictimización e inclusiva para todas las poblaciones (Lista detallada aquí).
También, se presentó la herramienta “Calculadora de prescripción” para conocer si aún está vigente el plazo para realizar una denuncia por violencia sexual sufrida durante la infancia o adolescencia (menores de 18 años), ya que en Costa Rica los plazos para denunciar penalmente han cambiado varias veces en los últimos 20 años. La plataforma no sustituye una consulta legal, pero es un primer paso de orientación.
“La respuesta del Estado frente a la violencia sexual no puede enfocarse únicamente en lo judicial, debe existir un abordaje integral desde los estudios del trauma y los derechos humanos. Las personas sobrevivientes de violencia sexual en su infancia o adolescencia necesitan acceso a servicios de salud mental de calidad y un seguimiento periódico, incluso después de una eventual sentencia, siendo la CCSS y el PANI los responsables de proceso. Además, la educación en afectividad y sexualidad es clave para no retroceder como los datos ya lo indican, desde que se eliminó de los programas del MEP. También, es importante avanzar en legislación respecto a la extensión de la prescripción en casos de relaciones impropias, así cómo modificar este delito y el de Grooming, para que respondan a la realidad y sean mejores herramientas para proteger a la niñez y adolescencia de nuestro país”, explicó en su intervención Amanda Segura Salazar, abogada privada experta en violencia contra las mujeres, consultora y co-redactora de la Ley Contra el Acoso Sexual Callejero de Costa Rica.
Costa Rica no escapa de la realidad
La violencia sexual es una de las principales amenazas para el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Diversos indicadores nacionales e internacionales reflejan esta problemática y muestran la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, atención y protección; principalmente, porque Costa Rica se ubica entre los principales países con más violencia sexual infantil, según una investigación de la revista médica The Lancet.
Este dato coincide con las cifras reportadas por las instituciones nacionales encargadas de la protección de la niñez. De acuerdo con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en 2025 recibieron más de 96 mil denuncias por situaciones violatorias contra esta población, de las cuales un 5% estuvo relacionado con violencia sexual; mientras, en los primeros tres meses del 2026, el Ministerio de Educación Pública (MEP) reportó un total de 55 menores de edad quienes denunciaron ser víctimas de hostigamiento sexual, lo que preocupa a entidades como la Defensoría de los Habitantes ante la necesidad de reforzar las medidas en los centros educativos para prevenir este tipo de violencia.
Dyalá Castro Cabezas, psicóloga clínica dedicada a la psicoterapia para la niñez y la adolescencia, docente y consultora, mencionó que “durante muchos años, el abuso sexual en menores de edad ha sido minimizado, invisibilizado o incluso justificado, lo que profundiza el impacto del trauma en las personas sobrevivientes. Por eso, además de prevenir, debemos educar y sensibilizar a quienes acompañan a las víctimas, porque creerles, protegerlas y brindarles apoyo oportuno contribuye a disminuir las consecuencias del trauma y favorece procesos de reparación más saludables, marcando una diferencia significativa en su proceso de recuperación”.
“La mayoría de las personas tardan años en romper el silencio porque el trauma, el miedo y la culpa callan su voz. Cuando alguien se atreve a denunciar, merece encontrar procesos que, desde el respeto, la sensibilidad y el cuidado, le acompañen y le garanticen una justicia digna y oportuna, nunca que signifique enfrentar otro proceso de violencia. Por eso, la lucha contra la violencia sexual es responsabilidad del Estado quien tiene las herramientas para luchar contra esta problemática, y de la sociedad civil que ejerce un papel de acompañante a las personas sobrevivientes”, agregó Anthony Venegas Abarca, activista, integrante de Voces Libres y fundador de la primera Red de Sobrevivientes de Violencia Sexual Institucional en Costa Rica.
Las organizaciones que trabajan por la protección de la niñez coinciden en que el abordaje no puede limitarse a la atención una vez ocurridos los hechos. Es indispensable impulsar las estrategias preventivas, promover entornos seguros, capacitar a docentes, familias, cuidadores y sociedad en general para identificar señales de alerta y asegurar una respuesta oportuna para los derechos de los menores de edad.
