San José, 17 ene (elmundo.cr)- Expertos en seguridad, exministros de Seguridad y exjefes del Organismo de Investigación Judicial presentaron una propuesta al presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gilberth Jiménez.
Esto con el fin de que los recursos financieros dados por leyes especiales al sector de la seguridad, sean recibidos por esos entes y sean dispuestos según dictan esas mismas normas, y que fortalezcan las políticas públicas sobre seguridad pública y seguridad nacional para así proteger al país de las amenazas del crimen organizado.
Según los expertos, el impacto de las economías ilícitas en Costa Rica asciende alrededor de 206.917.000.000 millones de colones, sumando los principales delitos contra la propiedad denunciados ante el OIJ del período 2018 al 2022: robo de cable, robo de vehículos, robo de contenedores, asaltos y fraudes.
Las propuestas brindadas se basan en tres ejes: recuperación de los recursos financieros, fortalecimiento y remozo de la Ley y el fortalecimiento de la prevención del delito.
En cuanto a la recuperación de los recursos financieros, según el análisis realizado por la Comisión sobre Crimen Organizado del Colegio de Abogados y Abogadas, hay varias normas aprobadas por la Asamblea Legislativa, destinadas por ley a financiar a las policías, y que estas tengan la posibilidad de realizar la contención a la escalada de violencia que vive el país y de esta forma dar oportunidad a que la política de seguridad surta efecto. Las leyes en cuestión son las siguientes:
- Ley 9428 impuesto a personas jurídicas.
- Ley 7313 impuesto a las cajas de banano.
- Ley 9050 impuesto a casinos.
- Ley 8764 migración y extranjería.
- Ley 8204 sobre estupefacientes.
- Ley 8754 sobre delincuencia organizada.
En el tema de fortalecimiento y remozo de la ley indican que el Código Penal y Código Procesal Penal están desactualizadas y no se ajustan a la realidad criminal que se vive hoy día por lo que proponen accionar mesas de trabajo de expertos, para formular las reformas adecuadas de ambas normas, con la finalidad de actualizar la norma penal y procesal penal a la realidad criminal; e incluir el sancionar conductas relativas al cibercrimen, delitos ambientales, y otros delitos emergentes.
En el siguiente punto sobre el fortalecimiento de la prevención del delito los expertos indican que debe fomentarse no solo a nivel familiar, sino también escolar, comunitaria y dentro de agrupaciones sociales. Es vital la participación interinstitucional/público, intersectorial público/privado y la participación ciudadana, para formular y fortalecer las acciones para que las personas menores de edad, jóvenes y cualquier otra que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad.
El documento amplía que “para contar con una correcta intervención de prevención del delito, se debe hacer de forma integral, donde lo social, lo cultural, lo económico, lo educativo, se conjuguen para conseguir un adecuado desarrollo humano en las comunidades más propensas a ser víctimas de la delincuencia”.
El grupo de expertos concluye es de suma importancia el recuperar los recursos financieros destinados a los cuerpos de policía y que resultan de vital relevancia para lograr la contención de la actividad criminal, es necesario contar con varias acciones y reformas legales como: exceptuar de la regla fiscal, los impuestos creados por ley específica, para financiar a los cuerpos de policía, aprobar el proyecto 21.551, Reforma de Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas. “Ley para la eficiencia y transparencia presupuestaria de la ley de impuesto a las personas jurídicas” y redistribuir los recurso proveniente de la Ley de Impuestos de las Personas Jurídicas, de la siguiente manera: 50% para el Ministerio de Seguridad Pública, 25% para el Ministerio de Justicia y el 25% para el Organismo de Investigación Judicial, para la lucha contra el crimen organizado.
Los expertos en seguridad que firmaron y entregaron el documento a los diputados son:
- Álvaro Ramos Rechnitz, exministro de Seguridad.
- Fernando Berrocal Soto, exministro de Seguridad.
- Francisco Dall´ Anese Ruíz, ex fiscal general de la República.
- Linneth Saborío Chaverri, exdirectora del Organismo de Investigación Judicial.
- Walter Navarro Romero, exviceministro de Seguridad.
- Mario Zamora Cordero, exministro de Seguridad.
- Luis Carlos Castillo Fernández, exviceministro de Seguridad.
- Francisco Segura Montero, exdirector del Organismo de Investigación Judicial.
- Gerardo Láscarez Jiménez, ex sub director del Organismo de Investigación Judicial.
- Rafael Ángel Guillén Elizondo, exdirector del Organismo de Investigación Judicial.
- Gustavo Mata Vega, exministro de Seguridad.
