San José, 27 feb (elmundo.cr) – El reconocido abogado penalista, Alexander Rodríguez Campos, manifestó su preocupación por la excesiva duración de los procesos penales en Costa Rica.
En entrevista concedida a El Mundo, Rodíguez insistió en que este en un gravísimo problema de la administración de justicia que carcome los cada vez más escasos recursos públicos, afecta el trato digno de las personas, acrecienta la mora judicial y perjudica la confianza en el sistema judicial.
Rodríguez, quien es experto internacional en reforma de sistemas judiciales, profesor de la Universidad de Costa Rica, y autor de textos especializados sobre recursos, puntualizó que el tema requiere de atención urgente.
A continuación un extracto de la entrevista:
¿Por qué es que el proceso penal en Costa Rica es tan lento?
Costa Rica ha sido modelo en reforma procesal desde más de 20 años. Sin embargo, hoy estamos desfazados y en crisis. En los tribunales se agrupan millares de casos que no son juzgados en un plazo razonable. Esto se debe, entre otros factores, a que no existen limitaciones establecidas por la ley para terminar los procesos.
La ley no dice ¿cuándo debe terminar el proceso?
El Código Procesal Penal no establece plazos fatales. Por eso, en Costa Rica los procesos exceden cualquier parámetro internacional.
¿Qué efecto tiene eso?
Muchos y muy graves. El primero es que no se le da a una solución al ciudadano en un plazo razonable. Por eso los imputados sufren lo que se llama como la pena de banquillo y algunos sufren prisiones preventivas muy largas. Pero también las víctimas son victimizadas nuevamente por el sistema porque sus reclamos no se conocen en un tiempo adecuado. A ello se agrega el alto costo de tramitar procesos que en su mayoría son escritos, con algunas breves audiencias orales. Y claro, si la gente ve que su problema no encuentra solución va perdiendo la confianza en la administración de justicia.
¿Qué se puede hacer ?
Bueno, en diciembre pasado colaboré con el diputado Mario Redondo, quien presentó un proyecto de ley para fijar esos plazos en el proceso penal, con consecuencias muy graves para el incumplimiento del plazo, como el despido del funcionario y hasta el sobreseimiento de la causa. Esta iniciativa contó también con el apoyo de los Magistrados Carlos Chinchilla Sandí y Celso Gamboa Sánchez. Además, el fiscal general, Jorge Chavarría Guzmán, externó su apoyo al proyecto.
Según manifestó Rodríguez “creo que estamos a tiempo de hacer las reformas necesarias. El proyecto que le mencioné es un gran avance”.
“Creo que debe discutirse con amplitud y poner a Costa Rica de nuevo en el lugar que ha tenido como líder en reforma y gestión judicial”, concluyó.
