San José, 25 abr (elmundo.cr) – El exministro de Justicia y Paz, Marco Feoli, cuestionó duramente las recientes directrices emitidas por el Poder Ejecutivo en relación con el sistema penitenciario costarricense, al considerarlas una puesta en escena más que una verdadera política pública.
Según comentó en el programa Interferencia de Radios UCR, “yo tengo la sensación, en primer lugar, de que esta es una teatralización más, una de esas puestas en escena a las que nos han arrastrado en los últimos años”, expresó Feoli, advirtiendo que lo anunciado por el Gobierno podría parecer anecdótico, “si no fuera porque supone trivializar problemas muy serios que afectan a la sociedad costarricense, como la violencia”.
El exjerarca cuestionó tanto la forma como el fondo de las medidas. “Cuando uno tiene una política pública clara, una de las primeras cosas que debe hacer es ajustar el marco normativo”, afirmó, refiriéndose a que los cambios estructurales en el sistema penitenciario deben partir de reformas al reglamento y no de directrices improvisadas.
En ese sentido, reprochó el uso de directrices en lugar de procesos legales más formales. “Esto evidencia la precipitación, la premura, la falta de una política clara sobre qué es lo que se quiere con el sistema penitenciario, aparte de demonizar a ciertos sectores”, añadió.
Feoli también señaló la ausencia de fundamentos técnicos para justificar algunas decisiones recientes. “No se ha explicado por qué se necesitan 2000 espacios de máxima seguridad”, comentó.
Además, recordó que el país ha suscrito estándares internacionales que debe respetar. “Costa Rica está obligada a cumplir unos determinados estándares. Por lo tanto, yo quisiera creer que tarde o temprano esto será enmendado por las autoridades jurisdiccionales”.
A su juicio, el mayor peligro radica en que el Gobierno termine culpando a otros poderes del Estado cuando sus medidas sean rechazadas. “Seguimos en este círculo vicioso y muy perverso de trasladar responsabilidades a otros órganos del Estado”, advirtió.
Finalmente, criticó lo que considera medidas punitivas sin fundamento: “Decirle a la gente que una visita conyugal se tiene que hacer cada dos meses no tiene cabeza”, concluyó. “Esa medida no tiene ninguna justificación, no se ha dicho cuál es la necesidad, aparte de castigar por castigar, y eso es incompatible con un régimen de derecho”.
