San José, 16 abr (elmundo.cr) – Desde varios órganos del Partido Acción Ciudadana señalaron que “todo debate que apunte a transformar la gestión del empleo público en el país, debe tener como inspiración la necesidad y urgencia de mejorar los servicios que las instituciones públicas prestan a la población”.
Asimismo, manifestaron que “esta es la orientación con que a lo largo de sus dos décadas de historia, el PAC ha demandado una revisión profunda de los regímenes de empleo público”.
“En esa perspectiva, solicitamos que incluyan esas orientaciones en el debate de la Ley Marco de Empleo Público (No. 21.336)”, sentenciaron.
Para los órganos firmantes “el debate sobre esta iniciativa tiene lugar en un ambiente político donde predomina la idea de que lo público es un lastre improductivo que debe ser alivianado a cualquier costa. Si bien compartimos la necesidad de resolver los desafíos que enfrentan las finanzas públicas en este momento, enmarcar esta discusión dentro de las negociaciones del empréstito con el FMI, ha terminado por desnaturalizar este necesario y urgente debate”.
Existen al menos cinco aspectos del texto que deben corregirse a la luz de esos principios:
- La norma que permitiría a las personas servidoras públicas anteponer la objeción de conciencia para rehusar capacitaciones sobre a la observancia de derechos humanos en la gestión pública. Esta norma, además de inconstitucional, es un lamentable precedente contrario al avance de nuestro país en materia de derechos humanos.
- El Proyecto de Ley debe garantizar el respeto al principio constitucional de Autonomía Universitaria, uno de los pilares sobre los cuales descansa el modelo democrático de nuestro país. Sin pasar por alto la urgencia de que las comunidades universitarias revisen y corrijan abusos inaceptables en su modelo de remuneraciones, la defensa de esta garantía constitucional sigue siendo una prioridad de primer orden.
- En igual sentido, esta iniciativa debe ser respetuosa de la independencia del Poder Judicial y del régimen municipal frente al Poder Ejecutivo. La rectoría del empleo público en manos del MIDEPLAN, debe respetar los límites constitucionales para evitar que el Ejecutivo interfiera en las condiciones de empleo en todo el sector público, politizando los mecanismos de selección del personal, los criterios de evaluación y la aplicación del régimen sancionatorio.
- Mediante el artículo 43 del proyecto de ley, se impide la negociación colectiva de las personas trabajadoras, cuando las mejoras en las condiciones de trabajo negociadas impliquen erogaciones para el Estado. Nuestro Partido no ignora la necesidad de corregir los excesos cometidos en negociaciones pasadas, bajo gobiernos del bipartidismo tradicional. Sin embargo, no por ello debe limitarse desproporcionadamente el ejercicio real de un derecho constitucional que debe servir para llevar cada vez, mayor justicia a las condiciones de trabajo de las y los servidores públicos.
- La aplicación del salario global únicamente a los funcionarios de nuevo ingreso, deja a cerca de 29.000 funcionarios y funcionarias en condición de desigualdad durante años, al mantenerlos con un menor ingreso según las reglas del actual salario compuesto, hasta alcanzar el monto del salario global. Esto representa una contradicción con el principio constitucional que garantiza igual salario por igual trabajo.
“Por todo lo anterior, lo que hoy corresponde es abrir un diálogo social que devuelva el debate a su naturaleza original, para que se atiendan estas consideraciones en apego al modelo democrático que hemos defendido desde la fundación del PAC”, concluyeron.
