San José, 20 may (elmundo.cr) – Este lunes el Tribunal Contencioso Administrativo iniciará la audiencia final de una demanda que fue presentada por el activista y abogado ambiental Walter Brenes en contra del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), para obligar al Estado a desarrollar los respectivos Planes de Manejo Integral y de Monitoreo para cocodrilos en las playas y ríos del país.
La demanda contra el Sinac y el Estado busca obligarlos a desarrollar una estrategia sostenible y sustentable en el manejo de la especie Cocodrylus acutus (cocodrilo americano).
La audiencia para dirimir este caso está prevista para hoy lunes 20 de mayo (8:30 a.m.) en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Según Brenes el informe número DFOE-AE-IF-09-2014 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República le ordenó a la Dirección Ejecutiva del Sinac “establecer e implementar un sistema de monitoreo para conocer el estado de las poblaciones de especies vulnerables”, entre ellas la especie de Cocodrilo Crocodylus acutus (Reptilia: Crocodylidae)”.
“No obstante, actualmente, el Sinac, ni el Estado, mantienen un programa de investigación sobre las poblaciones de Cocodrilo en Costa Rica, ni mucho menos se conoce los Planes de Manejos de esa especie en una zona en específico, no cumpliendo entonces con su monitoreo obligatorio y, por ende, no se mantiene un conocimiento real sobre las situaciones y poblaciones de cocodrilos en Costa Rica e incluso ni de ninguna las especies silvestres en Costa Rica”, manifestó Brenes.
El análisis elaborado por la Contraloría General de la República estableció que es necesario implementar “… el monitoreo sistemático que permita la evaluación del estado de las especies, en particular de aquellas consideradas en peligro de extinción, poblaciones reducidas o sujetas a regulaciones internas para su comercio, resulta fundamental para los esfuerzo de conservación in situ, dar seguimiento a las salud de los ecosistemas, la toma oportuna de decisiones y acciones de restauración, rehabilitación, prevención y control …”.
De acuerdo con Brenes, al declararse el cocodrilo en peligro de extinción, se tomaron medidas drásticas de protección desde los años 1990, esto después de haberse determinado que la población de la especie se encontraba bastante reducida.
“A lo largo de estos años, tal como se demuestra con prueba documental que se adjunto a este proceso judicial, la población de cocodrilos en Costa Rica ha ido incrementándose, sin que existan registros de la cantidad de especímenes en el país, lo cual incluso ha implicado que se observen cocodrilos en lugares habitados, aumentando así el riesgo de incidentes con personas, generando lo que se ha denominado como el conflicto Humano-Cocodrilo”, relató.
Brenes afirmó que en la actualidad no hay estudios contundentes “ni siquiera un monitoreo por parte de El Estado ni del SINAC que determine con certeza la condición de la población de cocodrilos en Costa RIca. Lo que sí se puede concluir es que dentro del territorio costarricense no se ha efectuado un correcto manejo y control de la especie ni de los comportamientos humanos con respecto a la especie, lo que ha generado o provocado un incremento significativo de cocodrilos y, por tanto se ha estado reduciendo el espacio disponible para cohabitar entre especies”.
