San José, 1 feb (elmundo.cr) –La exfiscala general a.i. cuestionada por el caso del cemento chino, Berenice Smith, ahora aparece vinculada en una solicitud de desestimación a favor del candidato presidencial del PAC, Carlos Alvarado, a quien se le señalaba por un supuesto falso testimonio o perjurio en perjuicio de dos exfuncionarias del IMAS.
Una de las afectadas, Enar Arguedas, conversó con EL MUNDO sobre su despido y el de una de sus compañeras, pese a que ambas, al parecer, fueron nombradas en plazas interinas dentro de la institución que en aquel entonces lideraba el exministro Alvarado.
A raíz de este hecho se presentó una denuncia ante el Ministerio Público, que tipificó el presunto acto irregular como perjurio. Sin embargo, al tiempo el caso fue desestimado sin siquiera haber notificado a la parte afectada, tal y como contó Arguedas.
Por esa razón, se presentó una apelación y el juez resolvió que el caso debía regresar a la Fiscalía para su debida investigación, ya que había indicios de un supuesto delito.
Una vez que la denuncia regresó al Ministerio Público, lejos de acoger el criterio del juez, se solicitó nuevamente el sobreseimiento de los funcionarios del IMAS, según dijo la parte afectada.
Debido a ello, las denunciantes presentaron una querella formal, por lo que la Fiscalía se vio en la obligación de indagar a las personas involucradas; entre ellos, al aspirante presidencial del PAC.
Alvarado presentó a través de su abogado un documento en el que indicaba que por su condición de ministro, y al ser miembro de uno de los supremos poderes, tenía que ser indagado por la Fiscalía General.
“En el Ministerio Público crean un testimonio de piezas y lo trasladan a la Fiscalía General para que sea valorado. Es ahí donde doña Berenice Smith solicita la desestimación del caso y se lo traslada a la Sala III. Entre los magistrados que están señalados en la resolución se aprecia el nombre de Celso Gamboa. Todo esto sin que a nosotros se nos notifique”, explicó Arguedas.
El 2 de diciembre de 2016, la Sala acogió la solicitud de desestimación que hizo Smith, sin haber supuestamente notificado a las denunciantes.
A pesar de que la causa contra Alvarado fue archivada, la primera querella que presentaron las exfuncionarias contra el resto de integrantes del IMAS sigue su curso, e incluso el caso fue elevado a juicio.
Dicho proceso judicial está programado para el próximo 17 de mayo, donde se acusa a los funcionarios de la institución por el presunto delito de perjurio o falso testimonio, ya que será el juez quien lo defina en el momento de la valoración de los hechos.
Meses atrás, Smith renunció al cargo de fiscal general subrogante, en medio de la polémica que envolvió al poder Judicial por el caso del cemento chino, mejor conocido como el “cementazo”.
Además fue quien, en ausencia de Jorge Chavarría, recomendó a la Sala de Casación Penal la desestimación de una causa seguida contra los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara Guth, por supuestamente haber incurrido en tráfico de influencias para beneficiar al dueño de la empresa Sinocem, Juan Carlos Bolaños.
Sobre el caso
Tanto Arguedas como su compañera fueron citadas a una reunión, donde se les informó sobre el cese de sus labores dentro del IMAS, a pesar de que ambas supuestamente estaban como interinas.
Al respecto, las dos exfuncionarias presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, por lo que los magistrados le solicitaron información y las pruebas correspondientes a la parte recurrida, es decir a los jerarcas del instituto.
Según una de las afectadas, cuando iniciaron su trabajo en la Red de Cuido estaban por servicios especiales, es decir por un tiempo definido, pero debido a un proceso que habría iniciado la Administración anterior, la autoridad presupuestaria “autorizó” el traslado de estas plazas a cargos fijos.
“Ese proceso se dio como en marzo de 2014, y ya para el 2015, cuando a nosotros se nos despide, estábamos nombradas claramente en una plaza interina, que es de cargo fijo.
“Cuando la Sala hace la solicitud de pronunciarse al caso de nosotras, los jerarcas todos declaran información falsa, dicen que las plazas de ambas funcionarias eran por servicios especiales y no interinas como nosotros lo estábamos planteando”, acotó Arguedas.
Fue a raíz de ese hecho que las afectadas presentaron una querella ante el Ministerio Público contra los jerarcas del IMAS, por el supuesto delito de falso testimonio o perjurio.
Aunado a ello, el Tribunal Contencioso Administrativo habría emitido una sentencia en donde se reconoció que la plaza de Arguedas era interina, y no por servicios especiales, tal y como argumentaron los funcionarios de la entidad en aquella época.
EL MUNDO hizo dos llamadas al celular del candidato presidencial para conocer su versión de los hechos y solicitarle una entrevista, pero al cierre de esta nota no fue posible contactarlo.
