San José, 4 nov (elmundo.cr) – La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia –conocida como la Sala IV– rechazó la acción de inconstitucionalidad que interpuso el exdirectivo presidente de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR).
La impugnación pretendía traerse abajo la reforma que la Asamblea Legislativa efectuó al marco regulatorio de JUDESUR, que incluía, entre otros cambios, bajar los impuestos del Depósito Libre Comercial de Golfito a un 10%.
Los exdirectivos de esa institución, que fueron nombrados por el Consejo de Gobierno a manera de interventores tras detectarse una serie de irregularidades, presentaron una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, como base para presentar la acción de inconstitucionalidad, con el fin de revertir la Ley, afirmando que los recursos que entrarían a JUDESUR serían insuficientes para cubrir sus gastos administrativos y que por ello, el Depósito Libre Comercial de Golfito debía ser cerrado.
También impugnaban la representación indígena en la Junta Directiva de la institución, supuesta duplicidad de funciones entre la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva y la creación del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional y el nuevo modelo financiero y administrativo.
La decisión de los magistrados constitucionales de desestimar el reclamo se debió a que la demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo ni siquiera se encuentra en la fase de audiencia preliminar.
“Lo que consta en el expediente es la demanda presentada por el accionante y la contestación de la Procuraduría General de la República. En consecuencia, al no encontrarse el asunto base en la etapa requerida (…) lo (que) procede es el rechazo de plano de la acción”, dijo el magistrado Cruz Castro.
Luego de esa demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, Casa Presidencial corrió para quitar de sus cargos a los interventores de JUDESUR, hecho que se materializó a finales de setiembre.
La intervención de Casa Presidencial en JUDESUR estuvo llena de polémica, al punto que el Presidente Luis Guillermo Solís fue denunciado penalmente, aunque la Sala III desestimó el caso en su contra.
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