San José, 13 ene (elmunndo.cr) – El exdiputado del Partido Renovación Costarricense, Abelino Esquivel Quesada, y su esposa, Xinia Cortés Oporto, han sido condenados a seis y cinco años de prisión, respectivamente, por exigir a asesores legislativos una parte de sus salarios entre 2017 y 2018.
Así lo resolvió este lunes el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José.
El abogado defensor de Esquivel, Celso Gamboa, confirmó que ambos aceptaron los cargos por concusión y enriquecimiento ilícito, acogiendo un proceso abreviado que redujo en un tercio las penas. La sentencia también permitirá que cumplan la condena bajo monitoreo electrónico mediante brazalete.
Acuerdo para evitar juicio público
“El proceso se pactó tras años de suspensiones debido a circunstancias personales de los acusados, incluida la afectación emocional por el asesinato de su hija en Batán”, explicó Gamboa.
Según el defensor, el exdiputado y su esposa buscaron evitar un juicio prolongado que hubiera durado al menos un mes.
Antecedentes del caso
La denuncia inicial fue presentada en 2018 por tres asesores legislativos, quienes revelaron que el exdiputado les exigía una parte fija de sus salarios.
Álvaro Oconitrillo, Shirley Marín y Joselyn Rodríguez indicaron que el monto total ascendía a ¢575.000 mensuales, bajo el pretexto de un supuesto “diezmo” relacionado con la fe evangélica de Esquivel.
El Ministerio Público estimó que Esquivel y su hermana, Wray Esquivel Quesada, recibieron al menos ¢22.446.310 por estos cobros.
Además, Cortés Oporto habría obtenido cerca de ¢7.846.310 en salarios sin haber desempeñado las funciones correspondientes.
Sentencias relacionadas
Wray Esquivel, hermana del exdiputado y también involucrada en el esquema, ya cumple una sentencia de nueve años de cárcel por los mismos hechos.
Repercusiones políticas
La sentencia contra Abelino Esquivel incluye la inhabilitación para ocupar cargos públicos por seis años, lo que marca el final de su carrera política.
Este caso representa un llamado de atención sobre el abuso de poder y la corrupción dentro del ámbito legislativo en Costa Rica.
La condena reitera el compromiso del sistema judicial costarricense con la rendición de cuentas y la transparencia, en especial en casos que afectan directamente la confianza ciudadana en sus representantes.