San José, 13 mar (elmundo.cr)- La excandidata a la primera vicepresidencia de Rodolfo Piza, Edna Camacho liderará el “Consejo Económico del Gobierno Nacional” del aspirante oficialista, Carlos Alvarado.
Camacho es economista con énfasis en finanzas y desarrollo, fue viceministra de Egresos (1998-2001) y fue presidenta del Banco de Costa Rica.
“Don Carlos Alvarado me ha solicitado que presida el Consejo Económico de su gobierno y, que desde ahí, coordine al equipo económico. He aceptado hacerlo, con base en una agenda previamente pactada para desarrollar un Gobierno de centro”, afirmó Camacho.
Según explicó, la decisión la tomó dado a que un eventual gobierno del PAC no será de un solo partido, sino de una alianza, con una agenda y un equipo de trabajo que se nutre de ambos sectores.
“Algunas personas me han preguntado ¿cómo hacer para que, pasadas las elecciones, el nuevo gobierno no desconozca el acuerdo? En primer lugar, porque participaremos en el Gobierno para asegurar el cumplimiento de la agenda. En segundo lugar, porque si un Gobierno nuevo procediese así, ignorando un acuerdo formal, firmado y conocido por todos los ciudadanos, destruiría automáticamente el espacio político necesario para desarrollar su gestión. Y además, confío en que Carlos Alvarado dé valor a su palabra y sé que mi confianza, conlleva su compromiso”, explicó.
La propuesta económica del PAC plantea acciones específicas para la reducción del gasto público, el incremento de ingresos y la eficiencia en el sector público.
Entre otras medidas, se establece apoyar el proyecto de regla fiscal a nivel constitucional, que limita el déficit fiscal y el endeudamiento público y aumentar ingresos vía mejor recaudación en más del 1% del PIB.
En cuanto al gasto público, el acuerdo fija que el total de plazas en sector público no podrán crecer más del 1% anual hasta el 2020 y el 1,55% anual para 2021 y 2022.
Sobre el empleo público, respetar derechos adquiridos de los empleados públicos, pero oponerse a nuevos pluses salariales, así como racionalizar los existentes para nuevos ingresos, e impulsar límites máximos a las anualidades.
El acuerdo fija mecanismos de evaluación del desempeño de la función pública y certificación externa de la calidad de los servicios institucionales para incrementar la eficiencia y eficacia de las entidades públicas.
