San José, 12 may (elmundo.cr) – El exalcalde de Golfito, Daylon Arroyo que fue condenado a tres años por el delito de concusión, no irá a la cárcel.
Así lo informó hoy el Ministerio Público en un comunicado de prensa, donde alegó que ni Arroyo ni Rodolfo Delgado, presidente municipal del mismo cantón para el 2011, tenían antecedentes y que por haber sido sentenciados a un máximo tres años o menos, el Tribunal Penal de Hacienda les concedió un beneficio de ejecución condicional de la pena por cinco años, período en el cual ambos no podrán cometer nuevos delitos.
Daylon Arroyo, alcalde de Golfito hasta el mes de abril, y Rodolfo Delgado, presidente municipal fueron condenados ayer a tres y dos años de cárcel, respectivamente, y durante cinco años no podrán ejercer cargos públicos.
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Arroyo y Delgado también fueron condenados civilmente por daño social, reclamo realizado por la Procuraduría General de la República, y se les ordenó el pago de ¢5.000.000, además de ¢1.000.000 por concepto de honorarios y ¢500.000 más por pago de costas procesales.
Una exregidora acusada, de apellidos Reyes Morales, fue absuelta por duda, por lo que la Fiscalía analizará la sentencia integral del fallo para presentar un recurso de apelación.
El 21 de marzo del 2014, otro de los acusados, Alexis Rojas Rojas, aceptó los hechos acusados por la Fiscalía y se sometió a un procedimiento abreviado, en el cual se le impuso una pena sin necesidad de ir a juicio. Él fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en el 2011, los imputados idearon un plan para cobrar dinero a una pareja a la cual el Tribunal Contencioso Administrativo les había anulado una concesión en Pavones de Golfito, la cual – a su vez- había sido otorgada previamente por el Consejo Municipal de ese cantón puntarenense
Los imputados contactaron a la pareja y en una reunión le pidieron la suma de $150.000, a cambio de no desalojarlos, sin embargo, la pareja señaló que se acogería únicamente a trámites legales. En una segunda reunión, le solicitaron $75.000 dólares, indicándoles que dicho beneficio patrimonial era necesario para concederles un Derecho de Uso de suelo, en la zona marítimo terrestre.
En una tercera reunión, de la cual tenían conocimiento las autoridades judiciales gracias a la denuncia de la pareja, ésta hizo entrega de $5.000 (dinero previamente identificado por un juez) como supuesto adelanto para que los acusados les otorgaran un derecho de uso de suelo en playa Pavones. La entrega del dinero se hizo en el baño del sitio donde se reunieron, sin embargo, al salir, los imputados fueron detenidos y el dinero fue decomisado.
La investigación inició en marzo del 2011 por parte de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y el caso fue acusado el 19 de marzo del 2012.
