San José, 29 nov (elmundo.cr) – La Red Nacional Antitabaco de Costa Rica (Renata) alerta sobre la interferencia de la industria tabacalera en la implementación de políticas de salud a nivel nacional.
Dicho aviso lo efectúan en la publicación del Índice de Interferencia de la Industria Tabacalera, trabajo que llevan a cabo por tercera ocasión y se realizó en 90 países de forma simultánea.
El estudio analiza desde la sociedad civil la capacidad de las autoridades para hacerle frente a la interferencia de la industria tabacalera en la elaboración de políticas de control de tabaco a nivel nacional.
Otro punto importante que Renata toma en consideración es el cumplimiento que se le da en el país al Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), específicamente a su Artículo 5.3, el cual instruye a que los Estados prevengan que las compañías tabacaleras intervengan en políticas de control de tabaco.
Estos rubros fueron evaluados a través de 20 preguntas, considerando para sus respuestas un banco de datos conformado de artículos, notas de prensa, y documentos relacionados sobre el accionar de las compañías tabacaleras, clasificados según las categorías del índice.
La realización de este informe parte de que en Costa Rica el 8,5% de la población es fumadora, además cada vez es más común la utilización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN), así como los sistemas electrónicos sin nicotina (SSSN) que han sido noticia recientemente por los daños que provoca a la salud.
Entre los principales hallazgos a los que llegó este estudio se encuentra que los discursos de la industria tabacalera fueron constantemente replicados en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa durante la discusión de los proyectos de ley para regular los SEAN y SSSN, así como otros productos de tabaco calentado.
Inclusive, se documentó que una exdiputada que se opuso abiertamente al proyecto para regular los SEAN, SSSN y productos de tabaco calentado pasó a ser empleada directa de Philip Morris International, que es una de las compañías tabacaleras más grandes del mundo.
Ante estas fuertes conclusiones, Diego Montero, coordinador del estudio, indica que el documento recomienda elaborar un código de conducta para la interacción de los representantes del gobierno con la industria tabacalera, y mecanismos de registro que controlen el lobby de esta en la Asamblea Legislativa.
Otra de las recomendaciones que detallan es que el Ministerio de Salud elabore y ponga en funcionamiento el reglamento para Ley de Regulación de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN) y Dispositivos Electrónicos que Utilizan Tabaco Calentado y Tecnologías Similares (Ley 10066), el cual tiene más de un año de atraso.
Por otra parte, el estudio recomienda la implementación de estrategias para la reducción del consumo, como el empaquetado neutro para productos de tabaco.
Según Roberto Brenes, miembro de Renata, “en la corriente legislativa se discute el proyecto de ley 22.497 que establece una reforma a la Ley General de Control de Tabaco para implementar el empaquetado neutro, lo que significaría que los paquetes de cigarrillos, SEAN, SSSN y productos de tabaco calentado tengan un color, tamaño y una textura uniforme, prohibiendo toda marca, logo u otros elementos promocionales en estos para que sean menos atractivos a nuevos consumidores”.
Lamentablemente, concluye Brenes, “se han evidenciado acciones de interferencia en la Asamblea Legislativa que han postergado su aprobación”.
