San José, 29 jun (elmundo.cr) – La Asamblea Legislativa está a punto empezar a conocer en el Plenario un proyecto de Ley que pretende modificar las penas actuales para los delitos contra la propiedad donde no medie la violencia.
Se trata de la iniciativa 19.490 de las liberacionistas Karla Prendas y Silvia Sánchez Venegas, el cual de ser aprobado bajaría considerablemente el hacinamiento carcelario.
Con este proyecto por ejemplo, el que una persona sustraiga una lata de atún o una botella de champú dejará de ser penado con años de cárcel y en su lugar se imponen días de multa y programas para readaptarse.
Concretamente, el proyecto establece la penalización de la tentativa de hurto menor, restablece el hurto como una contravención, modifica las causas de agravamiento del robo y restablece la contravención por daños menores a la propiedad.
El hurto (no debe confundirse con robo, donde sí media la violencia) según el actual Código Penal costarricense es penado con cárcel de 1 mes a 3 años de cárcel, sin embargo la mayoría de estos son asociados al consumo de drogas, por lo que el castigo que se aplica no es en realidad una solución para la persona capturada.
El proyecto establecería la justicia restaurativa y programas de tratamiento de drogas para esas personas, además de que establece una serie de condiciones y requisitos que la persona deberá cumplir con el fin de resarcir el daño cometido con su delito.
Parte de esas condiciones son residir en un lugar determinado; abstenerse de consumir drogas y abusar del alcohol; participar en programas especiales de tratamiento para la abstención del uso de drogas, alcohol y comisión de delitos; comenzar a estudiar o aprender una profesión u oficio; prestar servicios a favor del Estado o instituciones de bien público; someterse a tratamiento médico o psicológico si es necesario; no poseer ni portar armas y no conducir vehículos.
El proyecto, contrario a lo que se ha creído, no despenalizaría ningún delito sino que cambia los castigos de forma que estos ahora se apeguen a la proporcionalidad y permitan llevar a cabo programas de readaptación para las personas que se ven involucradas en la comisión de algún hecho delictivo.
Datos del Programa de Justicia Restaurativa del Poder Judicial a febrero de 2016 señalan que gracias a este programa, personas que cometieron algún delito menor realizaron 117.534 horas de servicio comunitario, 16.450 horas de procesos socioeducativos, 1277 horas de procesos terapéuticos, 37 meses de internamiento por adicciones y 92 millones de colones en donaciones a organizaciones no gubernamentales (ONG’s).
“Es una realidad que nuestro Sistema Penal ha caído en absurdos de castigar con penas de cárcel, por hurtos y robos de comida; delitos que más bien, se asocian a la situación social que enfrentan muchos costarricenses, como el hambre o graves adicciones, que considero deben ser tratados proporcionalmente”, señaló la legisladora Silvia Sánchez, impulsora de la iniciativa.
Según la diputada “la justicia no se equipara con cárcel, las penas alternativas también son formas de hacer justicia en este tipo de delitos donde además de ser tratados van a reparar el daño causado a la sociedad y a la persona ofendida a través de soluciones alternas”.
Eso sí, el proyecto establece que la persona que vuelva a reincidir en una conducta tipificada como menor con esta reforma, deberá cumplir su pena en la cárcel.
La iniciativa además permitiría ahorros importantes en el Poder Judicial, ya que dejarían de realizarse costosos juicios por casos donde por ejemplo, se sustrajo una lata de atún o una bolsa de papas.
Actualmente se calcula que un juicio en todas sus etapas le cuesta al Estado costarricense 6,66 millones de colones, sumado a los más de 27.000 colones diarios que cuesta mantener a un privado de libertad.
La iniciativa es estudiada en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y tiene el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía General de la República y del Ministerio de Justicia y Paz.
EN RESUMEN
- Se establece que la conciliación en caso de las contravenciones podrá hacerse hasta antes de iniciarse el juicio oral.
- Se reforma el artículo sobre el periodo de prueba para las personas que cometieron un delito menor. Hoy el artículo dice que el plazo no podrá ser menor a 2 años ni superior a 5 años; la reforma solo dejaría dicho que el plazo de prueba no podrá ser superior a 5 años.
- Se penaliza la tentativa de hurto menor, dejándola excluida de aquellos delitos no punibles. Las tentativas de contravenciones nunca han sido penadas, desde que el Código Penal fue promulgado.
- El hurto será penado con cárcel de 1 mes a 3 años, excepto si es un hurto menor.
- Se sanciona con cárcel de 15 días a 1 año o con 10 a 100 días multa a la persona que destruya, inutilice, haga desaparecer o dañe de cualquier modo, una pertenencia ajena, excepto si se trata de la contravención de daños menores.
- Establece que el hurto menor será aquel en el que una persona se apodere de una cosa mueble, total o parcialmente ajena que no supere el monto de medio salario base del oficinista 1 del Poder Judicial, al momento en el que el delito fue cometido.
- El hurto menor sería penado con de 10 a 60 días multa, pero si la persona reincide su castigo será de 5 a 20 días de cárcel.
- Establece que el daño menor será aquel en el que una persona destruya, inutilice, haga desaparecer o dañe de algún modo, una cosa total o parcialmente ajena, siempre y cuando el monto de lo afectado no exceda el medio salario base de un oficinista 1 del Poder Judicial al momento de cometer el delito.
- El castigo por daños menores será de 10 a 60 días multa, pero si la persona reincide será de 5 a 20 días de cárcel.
- Reforma los motivos por el que un robo pasa a ser robo agravado, declarando que tendrá esta condición si fuere cometido por dos o más personas con acciones de grave violencia sobre la víctima. De este modo se pretende que, por ejemplo, un padre que hurte una lata de atún acompañado de su hija menor de edad sea castigado por robo agravado como en la actualidad hay un caso donde el hombre fue sentenciado a 15 años de cárcel.