San José, 10 may (elmundo.cr) – La Asamblea Legislativa se prepara a votar un proyecto de Ley de iniciativa popular que declara el acceso al agua como un derecho humano, en medio de un debate entre quienes aseguran que dicha nueva ley permitirá una mejor protección del recurso y quienes temen que se abra un portillo a su privatización.
La ley anterior está vigente desde 1942. Ahora se busca que sea impulsado por el Poder Ejecutivo un texto nuevo, el cual establece que el agua es un bien de dominio público y que el servicio de tratamiento y distribución del líquido solo podrá ser brindado por una institución pública o entidades sin fines de lucro.
Sin embargo también establece entre los rangos de prioridades para el uso del agua y como principal está el consumo humano y agrícola; se prohíbe la exportación; aumenta los cánones que deben pagar las empresas que hacen uso intensivo del recurso y fija sanciones severas contra los contaminadores.
La diputada del Frente Amplio, Ligia Fallas es una de las que se oponen a este proyecto, especialmente porque el texto original, que recibió el respaldo de miles de costarricenses, ha sido cercenado.
“Hay una situación, porque entró un proyecto por iniciativa popular, el número 17.742 y se había aprobado en primer debate, se declaran inconstitucional tres artículos porque son regresivos en materia ambiental sin contar con estudios, ese proyecto entra, pero se va directo a la Comisión de Inconstitucionales (sic.) y ahí se declara incompetente para hacer la reforma que hay que hacer y saca un dictamen que lo que recomienda es que el proyecto se envíe a la Comisión de Ambiente y que sea dicha instancia la que resuelva respecto a esa inconstitucionalidad”, explicó Fallas.
Ahora hay otro texto casi clonado del anterior, que se presenta de nuevo con otro número de expediente: el 20.212 pero que ha tenido un trabajo de consenso donde han participado varias bancadas, actores y sectores que tienen que ver con la gestión del recurso hídrico. Dicho texto nuevo está en “mejores condiciones” que el declarado inconstitucional, señaló la diputada del Frente Amplio.
Juan Marín Quirós, diputado de Liberación Nacional dijo que el escenario en cuanto a la segunda versión del texto es hacer un acuerdo político, dictaminarlo en la Comisión de Ambiente y poderlo votar en el Plenario. “Hay posibilidad de enmienda. Los diputados tienen esa posibilidad”, declaró Marín.
Desde el AYA, la reacción es positiva si pasa este proyecto de Ley. “Ya tendríamos una administración más regulada, más controlada… porque actualmente lo que tenemos es un desorden de competencias, no conversan a nivel de un diálogo para lograr una política clara, tenemos a diferentes actores que explotan agua para la agricultura, un gran desorden de pozos ilegales en todo país, no hay suficiente competencia, ni músculo fuerte institucional, no hay una fiscalización clara de intereses, lo ideal sería tener ese sector hídrico bien administrado, bien constituido con una sola línea de trabajo para que sea exitoso”, afirmó el director jurídico de Acueductos y Alcantarillados, Rodolfo Lizano.
Las reacciones siguen siendo distintas y entre sindicatos consideran que la iniciativa de Ley representa un avance importante hacia la protección del agua, mientras otros han realizado manifestaciones de protesta, acusando de “traidores” a los diputados que la promueven.
Para la cúpula del sector empresarial, la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, la principal preocupación ha sido la definición del agua como un “bien económico”, porque teme que un aumento de los cánones podrían encarecer los procesos productivos.
Habrá que esperar mañana jueves en la Asamblea Legislativa el avance del tema hídrico, porque sobre la mesa está pendiente también, esta semana, otro proyecto que ya va avanzado en las negociaciones: la ley contra el maltrato animal.
