San José, 12 jun (elmundo.cr) – Estas son las conclusiones a las que llegaron los diputados Vanessa Castro de la Unidad Social Cristiana, Dinorah Barquero y Danny Vargas de Liberación Nacional y Ariel Robles del Frente Amplio en su informe de mayoría de la Comisión Investigadora del Sinart.
Agencia Sinart y contrataciones con medios de comunicación
- Se comprobó el destino que se tenía a 9 mil millones en 14 instituciones sin los controles de la Contraloría General de la República. Estas fueron suspendidas por el órgano contralor debido a que no cumplen con los requerimientos de ley
- Se tuvo acceso al destino que iba a tener 2 mil millones mediante la figura de contrato bajo demanda que no se llevó a concretar por problemas de procedimiento y que pretendía distribuir sin criterio técnico y que pretendía otorgar estas sumas a 60 medios sin contar la mayoría con criterios técnicos o oportunidad de conformidad con la Ley General de Administración Pública.
- Al priorizar la agencia como instrumento al servicio del Poder Ejecutivo se puso en riesgo la estabilidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión llevando a cabo acciones con criterio evidentemente político y no técnico.
- Que la señora Esmeralda Britton presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social trasladó la transmisión del programa La Rueda de la Fortuna de canal 7 al canal 13 de Sinart por órdenes directas del presidente de la República de Costa Rica el señor Rodrigo Chaves Robles en contra de los criterios técnicos elaborados por los departamentos correspondientes que no respaldan dicha contratación.
- Que el señor Allan Trigueros entregó listas de medios los cuales se podían contratar y argumentó en la sesión de la comisión investigadora que esta era una conducta habitual. Sin embargo, este hecho muestra que no había criterios técnicos para la selección de medios de comunicación.
- Que la transparencia de las acciones del Sinart y la agencia quedaron comprometidas por las diversas acciones llevadas a cabo y se agravan por no llevar al día el acta, lo cual afecta la publicidad del acto. Asimismo, sobre que los principales hallazgos no constaban en actas que fundamentaran las actuaciones.
- Transparencia y Supervisión: Establecer mecanismos de transparencia y supervisión independientes para asegurar que la distribución de la pauta se realice de manera justa y equitativa. Esto puede incluir la publicación de informes periódicos sobre la distribución de la pauta y la creación de organismos de observación que supervisen el proceso.
- Incentivos para los medios alternativos o medios mipymes: Implementar incentivos fiscales y económicos transparentes para que los anunciantes destinen una parte de su presupuesto publicitario a medios alternativos. Estos incentivos pueden incluir deducciones fiscales o reconocimientos públicos.
- Que la señora Esmeralda Britton González presidenta ejecutiva de la JPS trasladó la transmisión del programa La Rueda de la Fortuna de canal 7 al canal 13 de SINART por orden directa de parte del presidente Rodrigo Chaves Robles en contra de criterios técnicos elaborados por los departamentos correspondientes que no respaldaban dichas contrataciones.
- Que el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica mostró ante los diputados de esta comisión investigadora, el mal empleo de la pauta estatal que ha empleado este gobierno, asignándole como una forma de premios y castigos a los medios de comunicación que no sean afines a la línea editorial del Poder Ejecutivo.
- Que la Contraloría General de la República en el oficio DFOE-BIS-0906 señala que el Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A recibió por 3 vez la improbación de su presupuesto extraordinario del 2023 por faltar a la aplicación de principios presupuestarios, falta de firmas y contratos, de conformidad con lo establecido por la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Público N° 8131.
- Que la Dirección General del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) no contaba con las actas, vídeos y audios de las sesiones del consejo ejecutivo al día, para el periodo 2022-2023. Reflejando una falta a lo establecido por la Ley de Control Interno N°8292.
- Que la dirección de la agencia de publicidad y encargado de planes medios del SINART no pudo demostrar en reiteradas ocasiones ante los diputados de esta comisión el criterio técnico empleado por la institución en la asignación de pauta publicitaria a los medios de comunicación nacional.
- Que la señora Jacqueline González Jiménez exdirectora de comercialización de Kolbi-ICE, fue destituida de su cargo por no acatar una orden de contratar a la agencia de publicidad del SINART en contra de los criterios técnicos establecidos por el propio departamento de comercialización de la institución.
- Que la Agencia de Publicidad de SINART fue utilizada con la finalidad de concentrar toda la pauta del estado y que fuese politizada con el fin de asignarla a medios afines al Gobierno de la Republica.
- Dichas decisiones provienen de Casa Presidencial en donde existió participación activa y protagonista del Comité Editorial de Comunicación de Casa Presidencial.
- Que el señor Federico Cruz ejerció el cargo de funcionario de hecho al asumir funciones designadas por el Presidente de la Republica y el Comité Editorial en donde incluso el señor Cruz gestionaba contratos y orientaba decisiones sobre fondos públicos.
- Que las acciones llevadas a cabo comprometieron y sometieron a una crisis sin precedentes al SINART, institución que fue utilizada con un fin estrictamente político por Casa Presidencial.
Contrataciones del BCIE
- Que el órgano ejecutor del Gobierno de la República de Costa Rica y el señor Christian Bulgarelli redactaron los términos y condiciones de una licitación que fue adjudicada a la personería jurídica de RMC la Productora S.A.
- Quedó en evidencia que la licitación fue adjudicada inicialmente por un monto de $300,000 dólares estadounidenses. Posteriormente, se aprobó una asignación adicional de $105,800 dólares estadounidenses, elevando el total adjudicado a $405,800 dólares estadounidenses. Estos fondos provienen de la cooperación no reembolsable del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), tal como se detalla en el Oficio MP-DMP-OF-2023-0181.
- Tuvimos acceso a audios donde consta la participación de los señores Rodrigo Chaves, Jorge Rodríguez, Patricia Navarro, Christian Bulgarelli. (…) En ese sentido, se evidencia que el señor Rodrigo Chaves estaba al tanto de los aspectos señalados en relación con el tema y el contrato en cuestión. En el audio consta conversaciones que muestra aparentemente manipulación en el de tema de la contratación.
- Que el señor Christian Bulgarelli Rojas redactó los términos y condiciones de una licitación que fue adjudicada a la empresa “RMC La Productora” de la cual es dueño, por un monto total de $405.800 dólares estadounidenses, fondos provenientes de la cooperación no reembolsable del BCIE.
- Que las señoras y señores Federico Cruz Saranvaja, Jorge Rodriguez Vives, Natalia Díaz Quintana, el presidente Rodrigo Chaves Robles y la diputada Pilar Cisneros Gallo conformaban un órgano ejecutivo, que cumplía la función de comité consultivo en materia de publicidad y comunicación, donde trataban temas como la contratación de medios mediante la pauta publicitaria estatal y ruedas de prensa del Poder Ejecutivo.
- Que la diputada Pilar Cisneros Gallo formaba parte de un órgano consultor del Poder Ejecutivo que sesionaba en casa presidencial. Hechos que resultan contrarios al contenido del artículo 111 de la Constitución Política, que establece una incompatibilidad absoluta para que esa legisladora preste sus servicios en cualquier otro poder de la República.
- Que el señor Erwen Masís Castro desde su posición como Representante de Costa Rica en el BCIE, no denunció ante los órganos, correspondientes las irregularidades de la contratación de la empresa RMC la productora de Christian Bulgarelli, así como lo demanda el Código de Ética del Banco Centroamericano de Integración Económica.
- Que el Poder Ejecutivo solicitó al BCIE que las contrataciones que se realizarán con el gobierno de Costa Rica se hicieran bajo la modalidad de excepción y que no se aplicará la ley de Contratación vigente en el país.
- Que la Contraloría General de la República mediante el oficio DFOE-FIP-0033 señaló que los recursos que recibe el Gobierno de la República, bajo modalidad no reembolsable y cualquiera que sea su origen, deben registrarse como ingresos del Presupuesto de la República, esto en relación con los fondos emitidos por el BCIE por un monto de $1.000.000 dólares estadounidenses.
- Que el Poder Ejecutivo no entregó ante los diputados de esta comisión investigadora los resultados obtenidos del estudio de fortalecimiento de las finanzas públicas producto de la cooperación no reembolsable.
- Que el señor Federico Cruz Saranvaja, realizaba funciones y emitía órdenes en el ministerio de comunicación y en el comité consultivo de casa presidencial sin tener ningún nombramiento o cargo como funcionario público.
- Que el presidente Rodrigo Chaves Robles estaba al tanto de los procesos de contratación del BCIE y realizo solicitudes expresas de incluir a su asesor de comunicación Federico Cruz como beneficiado de estos fondos.
