San José, 23 jul (elmundo.cr) – Este lunes miles de funcionarios del Poder Judicial sumarán cinco días consecutivos en huelga, tras haberla declarado el pasado miércoles en horas de la tarde.
Desde entonces, 25 cuerpos están retenidos en la Morgue Judicial a la espera de una autopsia o de ser entregados a sus familiares, el principal rostro de la afectación de este movimiento de protesta.
Otras de las afectaciones registradas son el no recibimiento de denuncias, incluyendo las de violencia doméstica y robo, así como la imposibilidad de obtener la “hoja de delincuencia”, según dio a conocer en diversos reportes a la prensa la Defensoría de los Habitantes de la República.
El movimiento huelguista, el segundo más extenso registrado en el Gobierno de Luis Guillermo Solís no parece que vaya a culminar hasta, al menos, el miércoles cuando “los responsables” -según los gremios judiciales- regresen de un breve periodo de vacaciones.
Se trata de los diputados que integran la Comisión Especial del Congreso que estudia reformas al régimen de pensiones del Poder Judicial, mismo que urge de modificaciones para evitar irse a la quiebra ya que en la actualidad acumula un déficit de 5,36 billones de colones (millones de millones de colones).
Pero ¿cómo estalló esta huelga? Meses atrás, las fracciones legislativas acordaron efectuar los cambios al régimen de pensiones, con base a un estudio actuarial efectuado por la Universidad de Costa Rica y usando un borrador de proyecto redactado por los gremios del Poder Judicial.
El miércoles 19 de julio, los diputados de la Comisión Especial del Congreso desecharon ese texto y en su lugar, acogieron uno redactado por la Superintendencia de Pensiones (Supen). Ese texto según los gremios traería impactos negativos para las finanzas públicas y los regímenes de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Magisterio Nacional.
Según los judiciales, el texto de la Supen carga en el presupuesto nacional las pensiones del Poder Judicial, lo que implicaría un golpe mortal para la ya deteriorada situación fiscal, algo que el proyecto redactado por ellos pretendía evitar, pues desean que su régimen de pensiones sea solvente por sí mismo.
Debido a la decisión de los congresistas, ese día en horas de la tarde los costarricenses se vieron sorprendidos por el anuncio de que el Poder Judicial se declaraba en huelga y se mantiene así hasta este lunes.
La Defensoría de los Habitantes interpuso un recurso de amparo en vista de que hay 25 cuerpos retenidos en la Morgue Judicial, a la espera de autopsias o de ser entregados, lo que para la institución es lesivo de los derechos fundamentales de las familias dolientes.
Ese mismo día, los Magistrados de la Sala Constitucional dieron curso al amparo y dieron 24 horas a Medicatura Forense para dar un informe.
Menos de un día después de ese informe, la Sala emitió una medida cautelar donde ordenó al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza emitir las diligencias necesarias para que “de inmediato” se reanudaran las autopsias y la entrega de cuerpos.
Esa orden fue incumplida este domingo, según reconoció Espinoza y quien envió un informe notificando el no cumplimiento de la orden al Fiscal General, Jorge Chavarría, con el fin de que este testimonie piezas para una acusación penal por desacato a lo ordenado por la Sala Constitucional, con base en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
El mencionado artículo establece que aquella persona que reciba una orden de la Sala Constitucional como parte de un recurso de amparo o habeas corpus y no la cumpla, será sancionado con cárcel de hasta dos años.
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Fe de errores: Esta nota se editó a las 10:38 a.m. para corregir el apellido del director del OIJ.
