San José, 14 nov (elmundo.cr) – El capítulo ambiental señala que en 2024 y 2025 Costa Rica experimentó retrocesos significativos en su marco regulatorio ambiental y una reducción sostenida de las capacidades institucionales encargadas de la conservación.
Se registraron caídas en el presupuesto de áreas de conservación, restricciones en labores de fiscalización y un debilitamiento de la autonomía técnica en la gestión de zonas protegidas.
El documento destaca un uso cada vez más insostenible de recursos vitales. Entre las alertas principales se encuentran la creciente dependencia energética contaminante asociada al deterioro del sistema de transporte, problemas de disponibilidad hídrica que afectan a más regiones del país y la fuerte caída en la siembra de granos básicos, lo que incrementa riesgos de inseguridad alimentaria.
Los desastres climáticos continúan aumentando en frecuencia e intensidad, afectando principalmente el corredor Norte-Caribe-Sur y golpeando sectores vulnerables como el turismo y la agricultura. La fragilidad frente a escenarios de cambio climático se profundiza por la debilidad en la gestión territorial y la reactivación de conflictos ambientales relacionados con el ordenamiento de zonas protegidas.
El informe incluye estudios de caso que exponen conflictos en territorios costeros y áreas protegidas, como en Gandoca-Manzanillo y zonas turísticas de Guanacaste, donde la imprecisión jurídica y la presión inmobiliaria generan tensiones crecientes entre conservación y desarrollo
