San José, 20 jun (elmundo.cr) – La empresa Constructora Sánchez Carvajal S.A. ha interpuesto una demanda de responsabilidad civil objetiva contra el Conavi, el Poder Judicial y el propio Estado costarricense, tras una serie de decisiones administrativas y judiciales que —a todas luces— violentan normas imperativas y principios constitucionales.
A pesar de que existen resoluciones técnicas y actos administrativos que reconocen la deuda del Estado por trabajos ejecutados bajo contrato público, la administración ha omitido deliberadamente el pago del reajuste de precios, una obligación legal consagrada en el ordenamiento jurídico nacional. Peor aún, el sistema judicial ha respaldado esta omisión, dictando sentencias que pasan por alto principios tan elementales como la intangibilidad patrimonial y la equivalencia contractual.
“¿Cómo puede una sentencia tener validez si ignora normas que son obligatorias por mandato constitucional?”, cuestiona la empresa.
En Costa Rica, las normas imperativas no son optativas. Todo acto —administrativo o judicial— que las contradiga es, por definición, nulo de pleno derecho. Y sin embargo, aquí estamos: ante una cadena de atropellos institucionales donde lo ilegal se reviste de legalidad, y la justicia parece haberse convertido en un trámite más.
El caso deja una pregunta incómoda pero inevitable:
¿Cómo es posible que en un país que se autodefine como Estado de Derecho, una empresa pueda estar más de una década esperando el cumplimiento de obligaciones reconocidas y documentadas por el mismo Estado?
La situación, más que un conflicto contractual, revela un síntoma profundo de deterioro institucional, donde la ley se aplica selectivamente, y los derechos fundamentales de los ciudadanos y empresarios quedan supeditados al capricho o inercia de la administración pública.
