San José, 17 nov (elmundo.cr) – Ernesto Jinesta Lobo fue designado hoy como Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, cargo que dejó vacante Gilberth Armijo luego de que se acogiera a su jubilación tras votar si se admitía para estudio o no, la acción de inconstitucionalidad contra el decreto que regula la Fertilización in Vitro.
Jinesta Lobo, casado y con dos hijos tiene 27 años de servir en el Poder Judicial con tan solo 50 años de edad. Su juramentación se llevará a cabo el próximo lunes.
El magistrado se graduó como abogado en la Universidad de Costa Rica y obtuvo el doctorado en Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente una especialidad en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid.
Ernesto Jinesta ha sido galardonado con el Premio Alberto Brenes Córdoba 1995, que otorga el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Cuatro años más tarde el Poder Judicial lo galardonó con el Premio Ulises Odio Santos. Ambos premios son los más importantes que a nivel nacional se otorgan a profesionales en derecho por sus aportes a las ciencias jurídicas.
Actualmente es Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Escuela Libre de Derecho, Profesor del Programa de Doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano, coordinado por la Universidad de la Coruña con 10 universidades de Iberoamérica, y Profesor del programa de Doctorado en Derecho de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Es autor de 16 libros y más de 95 artículos en revistas especializadas de Costa Rica, Latinoamérica y España.
VOTOS POLÉMICOS
La última acción polémica que ha llegado al escritorio del magistrado fue la acción de inconstitucionalidad presentada por diputados del bloque conservador de la Asamblea Legislativa, él, junto a los magistrados Armijo y Hernández López salvaron el voto y rechazaron de plano la acción, alegando que el caso era tema de la Corte IDH, que ya exigió explicaciones al Estado costarricense por la suspensión del decreto que regulaba la FIV.
Otro caso polémico que analizó el magistrado durante este gobierno, fue la legalidad o no del nombramiento de Mélvin Jiménez, en el Ministerio de la Presidencia. Nuevamente basados en derecho internacional, él y los magistrados Armijo, Fernando Cruz y Fernando Castillo, alegaron que prohibir a Jiménez el ejercer su cargo era violatorio de los derechos humanos. “Este tipo de derechos, resguardados en el Derecho internacional prevalece sobre disposiciones constitucionales”, dijeron en ese entonces.
