Asamblea Legislativa, 18 jun (elmundo.cr) – La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Epsy Campbell, afirmó que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), “es una vergüenza nacional”, y criticó también lo que consideraron los legisladores como irregularidades en esa institución.
“ARESEP no está respondiendo a las necesidades del país, que requiere de una institución reguladora eficiente, transparente y austera que defienda y garantice calidad de los servicios públicos”, mencionó la legisladora del PAC.
Campbell señaló que las autoridades del ente regulador crearon ilegalmente la figura de las intendencias, las cuales asumieron las responsabilidades que corresponden al Regulador General.
“La creación de las intendencias para regular servicios públicos configura un auténtico delito de fraude de ley. Por eso, vamos a enviar al Ministerio Público los resultados de la subcomisión que investigó a la ARESEP para que los responsables asuman las consecuencias de sus actos”, dijo la diputada.
A pesar de que eliminaron responsabilidades al Regulador, en mayo de 2014, la Junta Directiva del ente regulador aceptó el aumento de su salario, que pasó de ¢6,1 a ¢7,1 millones.
“El aumento del salario del regulador es inmoral aunque encubierto bajo un estudio técnico. Le pagan cada año a una firma privada para realizar una investigación que les permita justificar las enormes alzas de sus sueldos. Sobres esto, ya presenté una iniciativa de ley para que los aumentos sean iguales a la inflación“ detalló Campbell Barr.
Otra de las irregularidades señaladas por la subcomisión es el alquiler de un edificio en el Oficentro Multipark, por el cual pagaban ¢761 millones de colones anuales, arrendo que se realizó sin el estudio previo de costo-beneficio que exigió la Contraloría General de la República.
El informe de la subcomisión indica que, “el tiempo se ha encargado de demostrar que la falta de los estudios costo-beneficio del arrendamiento del edificio en el Oficentro Multipark y de la propiedad de la ARESEP al MEIC, como lo indicó la Contraloría, ha generado enormes gastos en alquiler sin sentido y ha lesionado el interés institucional y de todos los usuarios de los servicios públicos.”
Otro de los señalamientos del informe es la irregular participación de Adriana Garrido Quesada por videoconferencia en las sesiones de la Junta Directiva. Ella formaba parte de dicho órgano colegiado y en total participó en 27 sesiones de Junta Directiva de forma presencial y en cincuenta 50 sesiones mediante video conferencia.
“Fue ilegal que se permitiera a Garrido Quesada prorrogar su asistencia a las sesiones por medio de videoconferencia, cuando la ley la obliga a asistir a las sesiones. Ese mecanismo, según la Dirección General de Asesoría Jurídica de ARESEP, es solo para casos excepcionales y se convirtió en regla para ella” indicó la legisladora del PAC.
Otro de los temas importantes que reflejó la investigación, fue el incumplimiento del deber del Regulador General de fiscalizar la obtención de recursos, por parte de RECOPE, para financiar la inversión del proyecto de SORESCO.
“¿Cómo es posible que el Regulador y el Intendente de Energía de la ARESEP no tuviesen conocimiento de que RECOPE tomó fondos de los recursos asignados por medio de las tarifas, para cancelar los compromisos con SORESCO para la modernización de la Refinería de Moín?” se señala en el informe.
