San José, 24 oct (elmundo.cr) – Este viernes el Ministerio de Justicia y Paz anunció el comienzo de la implementación del bloqueo de la señal celular en los centros penitenciarios del país.
Luego de la reforma a la Ley General de Telecomunicaciones, los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público estaban llamados a adoptar y aplicar soluciones técnicas para impedir el funcionamiento de los servicios inalámbricos disponibles al público al interior de los centros penitenciarios, garantizando, al mismo tiempo, que no haya afectación al servicio de la población residente y personas usuarias de las zonas aledañas a los centros.
Preliminarmente se tenía el 11 de abril del 2020 como la fecha en que entraría en operación el bloqueo, pero debido a la situación ocasionada por la emergencia del Covid-19, los operadores del servicio telefónico no pudieron cumplir a tiempo con la parte final del calendario de implementación.
Los atrasos se dieron debido a que en la planificación original del proyecto estaba prevista la llegada al país de los técnicos y certificadores internacionales a cargo de realizar las pruebas finales, situación que, finalmente, se vio solventada con la creación, entrenamiento y puesta en marcha de un equipo técnico local que fue capacitado de manera remota.
También por las restricciones sanitarias de desplazamiento vehicular, que hicieron más lento el programa de visitas técnicas a cada uno de los centros penitenciarios del país por parte de este equipo local. Debido a la imposibilidad de cumplir en tiempo, los operadores invocaron un caso de fuerza mayor ante Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) para explicar las razones del retraso.
Fiorella Salazar, ministra de Justicia y Paz, indicó que “ha sido un proceso intenso y complejo, especialmente por las consideraciones de seguridad que reviste para todos los involucrados en esta implementación. Afortunadamente, ya podemos decirle al país que la solución tecnológica empieza a funcionar y va a ir cubriendo, de manera gradual, todos los centros del país antes del finalizar el año”.
La jerarca mencionó que “si bien la ley y el reglamento para la implementación del bloqueo de la señal celular en los centros penitenciarios no asignó responsabilidades directas al Ministerio de Justicia y Paz, la participación de esta cartera fue permanente y consistió, principalmente, en asegurar el acceso de los equipos técnicos a los centros y resguardar la seguridad, así como en proveer la información necesaria para el avance de la implementación”.
“Visto de cierto modo, el Ministerio es el cliente o beneficiario directo del proyecto desarrollado por los operadores, toda vez que, por cómo quedó dispuesto en la ley, no tiene un componente directo en su implementación más que el acompañamiento y facilitación de la información y los procesos, pero sin duda ha sido la institución que más ha anhelado poder contar con esta herramienta de control en favor de la población del país”, añadió la ministra.
A sabiendas de que el bloqueo de señal también afectará las comunicaciones de los funcionarios, la cartera ministerial adoptó una serie de medidas preventivas.
- En primer lugar, se revisó el inventario de los teléfonos fijos institucionales y su funcionamiento, las centrales telefónicas y los radios policiales para determinar las posibilidades de comunicación de los colaboradores del Ministerio de Justicia y Paz.
- Se ha desarrollado un proceso de dotación y mejora de los teléfonos públicos dentro de los centros penitenciarios, los cuales están al servicio de la población penitenciaria.
