San José, 10 ago (elmundo.cr) – Un grupo de más de 30 organizaciones internacionales de derechos humanos, justicia y democracia expresó su preocupación por lo que consideran un deterioro de la institucionalidad democrática y de la independencia judicial en Costa Rica.
Mediante un pronunciamiento conjunto, las organizaciones señalaron que Costa Rica ha sido históricamente un referente regional en materia de democracia, Estado de derecho y separación de poderes, pero advirtieron sobre una serie de situaciones que, a su juicio, podrían debilitar esas bases institucionales.
“La experiencia internacional demuestra que la democracia y la independencia judicial no se destruyen de manera repentina, sino que se erosionan mediante estrategias acumulativas”, indicaron las organizaciones.
El comunicado sostiene que, como parte de sus labores de monitoreo internacional, han observado “narrativas de deslegitimación” dirigidas contra quienes administran justicia, lo que consideran que afecta la confianza ciudadana en el Poder Judicial y debilita su papel como contrapeso institucional.
Según el pronunciamiento, este tipo de discursos adquiere un mayor impacto cuando proviene de autoridades públicas, ya que contribuye a normalizar la desconfianza hacia las instituciones democráticas.
Preocupación por magistraturas suplentes y presupuesto judicial
Las organizaciones también cuestionaron la falta de nombramiento de magistraturas suplentes en la Sala Constitucional por parte de la Asamblea Legislativa.
“Observamos con particular preocupación la negativa de la Asamblea Legislativa a cumplir con su mandato constitucional de nombrar a las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional”, señalaron.
A criterio de los firmantes, esta omisión debilita el funcionamiento de un órgano fundamental para la protección de los derechos humanos y el control de constitucionalidad en el país.
Asimismo, manifestaron preocupación por la reducción del presupuesto asignado al Poder Judicial, al considerar que podría afectar su capacidad operativa y limitar el acceso a la justicia de la población.
Señalan riesgos para el espacio cívico
El pronunciamiento también advierte sobre lo que describe como señales de cierre del espacio cívico, incluyendo presuntos actos de hostigamiento y estigmatización contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Las organizaciones señalaron que la experiencia comparada en América Latina demuestra que el debilitamiento simultáneo del Poder Judicial y del espacio cívico suele ser una señal de alerta ante procesos más profundos de erosión democrática.
Por ello, hicieron un llamado al Estado costarricense para fortalecer la independencia judicial, garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento del Poder Judicial, completar los nombramientos pendientes en la Sala Constitucional y proteger el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos.
“Expresamos, asimismo, nuestra solidaridad con las personas e instituciones costarricenses que defienden la institucionalidad democrática y el Estado de derecho”, concluye el documento.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Washington Office on Latin America (WOLA), CIVICUS, la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), así como diversas organizaciones de derechos humanos de América Latina y organismos internacionales dedicados a la promoción de la democracia y el Estado de derecho.
