San José, 25 dic (elmundo.cr)- A siete meses de haber asumido la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, El Mundo CR conversó con el magistrado Carlos Chinchilla Sandí, quien expuso las acciones emprendidas en el Poder Judicial en este 2017, de cara a los retos que demanda la ciudadanía.
Para quien ocupa la silla de la presidencia judicial fue un comienzo difícil, al enfrentar temas de atención inmediata como las jubilaciones y pensiones, que llevaron a la huelga convocada por gremios de la institución y más recientemente el llamado caso del “cementazo” que permeó a la cúpula judicial.
¿Porqué aspiró a ser Presidente de la Corte Suprema de Justicia?
CCH: Llegar a la Presidencia de la Corte es un paso natural en mi carrera, además de que tuve el apoyo suficiente para ello. Soy juez de carrera, de treinta años en el área penal, magistrado de la Sala de Casación Penal y con el apoyo de mis compañeras y compañeros magistrados asumí este cargo.
¿Esperaba usted un comienzo tan demandante?
CCH: Asumí la presidencia con 17 votos de mis compañeras y compañeros, con un gran entusiasmo y muchos proyectos en diferentes áreas que me parecen trascendentales, iniciando con la materia penal. Empezamos a trabajar en el proyecto para agilizar los señalamientos a juicios y audiencias en los tribunales y juzgados penales de todo el país.
Estamos dispuestos a cambiar lo que haya que cambiar. No estamos brindando un servicio ágil y es nuestra obligación hacerlo y para eso estamos trabajando.
Toda institución tiene sus etapas difíciles, como usted lo indica ambos escenarios lo son, pero también son oportunidades para reflexionar e implementar cambios. Desde la Presidencia apoyamos las diez comisiones que forman parte de las reformas que emprendimos, las cuales son básicas para la institución.
¿Cómo ha trazado su marca personal en el trabajo al frente de Corte Plena?
CCH: Corte Plena es un órgano complejo, somos 22 personas tomando decisiones y acuerdos en políticas de gobierno judicial.
Las sesiones se desarrollan de forma democrática y cada uno de nosotros tiene su posición, pero le puedo decir que desde la Presidencia logramos consensos. Trabajamos para que el Poder Judicial brinde el servicio público que la ciudadanía nos reclama, y sobre todo, que nuestras actuaciones sean transparentes.
Sobre el movimiento de huelga, ¿se le salió de las manos el manejo de este conflicto?
CCH: La huelga convocada por los gremios judiciales fue contra una decisión de la Comisión Legislativa Especial de Pensiones no contra el Poder Judicial como patrono.
Desde la Presidencia procuramos salidas pacíficas al conflicto, hasta que tomamos la decisión de solicitar la declaratoria de ilegalidad del movimiento porque el impacto en el servicio a nuestros usuarios era muy severo.
Estaba en juego el dolor de familias a quienes no les entregaban sus seres queridos para darles sepultura, esa acción gremial no era posible tolerarla y hubo que hacer la gestión a la Procuraduría General de la República. El resultado ya usted lo conoce, la huelga se declaró ilegal.
Otro tema muy álgido, ¿qué opinión tiene del magistrado Celso Gamboa Sánchez?
CCH: Es un compañero magistrado. Sobre él pesan cuestionamientos que han trascendido públicamente y por ello hay 6 procesos disciplinarios abiertos y en trámite. No me puedo referir por razones de que la ley me lo impide.
¿Qué tan cercana es su relación con él?
CCH: En una entrevista que di a otro medio me preguntaron lo mismo. Y doy la misma respuesta, no es mi amigo, somos magistrados, antes de llegar a la Presidencia de la Corte tuvimos relación cordial como corresponde al ser miembros de Corte Plena y además integramos la misma Sala.
En algún momento se ha dicho que el magistrado Celso Gamboa tenía mucha influencia sobre usted e incluso que lo podía “controlar”, ¿es eso cierto?
CCH: Ese es un rumor que lo desmiento categóricamente y si alguna persona se atreve afirmar eso, no tiene fundamento para asegurarlo. Busco consensos y acuerdos entre mis compañeras magistradas y compañeros magistrados para desarrollar proyectos que son importantes para el Poder Judicial, eso no significa que me “controlen” como usted me dice. Tomo las decisiones cuando son necesarias. Soy un juez penal de carrera estoy acostumbrado a moverme en situaciones difíciles.
En declaraciones brindadas a medios de comunicación el exmagistrado José Manuel Arroyo afirmó que ustedes en la Sala de Casación de Penal aprovechaban cuando él no integraba para desestimar asuntos de Supremos Poderes, ¿qué puede usted decir al respecto?
CCH: Los datos estadísticos sobre el trabajo de la Sala de Casación Penal son públicos, usted y personas ciudadanas pueden solicitar esa y mucha información más, incluso está disponible en página web.
Sobre ese tema en particular, yo tengo datos desde que asumí la Presidencia de la Sala de Casación Penal. Del año 2013 al 2016 conocimos 97 asuntos relacionados con Supremos Poderes y de esos el exmagistrado Arroyo únicamente no intervino en 18 asuntos, es decir un 19%. Y las razones es porque, uno de esos procesos él figura como imputado y por lo tanto no podía conocer, y los demás porque al ser vicepresidente de la Corte para ese momento, tenía que separarse de la Sala para asumir la Presidencia o bien por razones personales.
Es por ello que las Salas de la Corte tienen magistrados suplentes, para que asuman las ausencias del titular cuando procede la sustitución.
Estos datos que le doy, le reitero son públicos, y se ajustan a la realidad.
¿Apoyará usted a Emilia Navas para que la elijan en el cargo de la Fiscalía General?
CCH: El proceso para el nombramiento de Fiscala o Fiscal General ya está abierto por Gestión Humana. Doña Emilia es una mujer con una gran trayectoria tiene los méritos suficientes.
¿Qué opina de la Comisión Legislativa que investigó créditos bancarios?
CCH: Tenemos un gran respeto por el trabajo que hacen otros Poderes del Estado.
¿Qué opina de la recomendación de Comisión Legislativa en cuanto a la Sala Tercera?
CCH: Le puedo decir con total transparencia que antes de que el dictamen se diera a conocer, ya la Corte había iniciado el procedimiento.
Propiamente sobre gobierno judicial, ¿qué acciones ha emprendido para propiciar una justicia más ágil?
CCH: Iniciamos el trabajo en una de las materias con mayor volumen como lo es la materia penal. Como le indiqué al inicio de esta entrevista, la jurisdicción penal tiene que mejorar y dar un servicio de calidad.
Durante el segundo semestre del 2017, un equipo de trabajo elaboró un mapeo a nivel nacional de las causas más antiguas, los motivos por las que no se resuelven y su pronto trámite.
Igualmente arrancamos con el proyecto de estandarización de agendas de señalamiento en todos los Tribunales Penales del país, con lo que homogeneizamos la forma de establecer los juicios, para mejorar la organización del despacho, aumentando la cantidad de debates señalados y lograr reducir las suspensiones, excepto por causas mayores. El compromiso de los jueces y juezas penales en esta iniciativa ha sido fundamental.
¿Cuáles han sido las prioridades de trabajo durante este año 2017?
CCH: Nos correspondió asumir la implementación de las reformas procesales en materia laboral y civil. Su puesta en funciones requirió de un esfuerzo presupuestario importante y eso fue considerado por la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo.
Los nuevos procedimientos vienen a darle una forma distinta de hacer justicia laboral y civil y sus réditos se visualizarán a partir de procesos más cortos y resoluciones ágiles.
Nos corresponde darle impulso a reformas legales en otras materias, que también demandan una justicia pronta, como en agrario y familia.
¿Desde qué áreas el Poder Judicial apuesta por la transparencia y el combate a la corrupción?
CCH: El fortalecimiento de los órganos disciplinarios de la institución. La reestructuración del Tribunal de la Inspección Judicial, orientada a hacer más eficiente su labor y acortar los tiempos de resolución. Esto es una prioridad para esta Presidencia así como el combate a la corrupción es prioritario para el país.
¿La mejora de los servicios judiciales hacia donde se orienta?
CCH: En el Poder Judicial hemos apostado al desarrollo de las tecnologías, de cara a atender las necesidades de las personas usuarias y brindando un mayor acceso a la información que les interesa.
Contamos con una página web con información pública diversa, así como una aplicación móvil que permite tener un mayor control de los procesos que se tramitan, así como acceso a diversos servicios judiciales con solo un clic.
Tratamos de facilitar las gestiones de las personas usuarias desde la tecnología, mediante sistemas de gestión en línea, que no requiere el desplazamiento de las personas hasta los despachos judiciales a conocer el avance de sus asuntos.
A lo interno hemos logrado cerrar la brecha digital y contar con todos los despachos judiciales integrados y con igual desarrollo tecnológico. Esto redundará significativamente en un mejor servicio de administración de justicia.
¿Qué grado de efectividad tendrá el trabajo en las reformas urgentes que demanda el Poder Judicial?
CCH: El compromiso de las y los magistrados que integran Corte Plena ha sido vital. Hemos integrado grupos de trabajo muy activos, cuyos productos se han ido concretando y ya algunos iniciaron su discusión en Corte Plena.
Definimos temas puntuales que impacten el funcionamiento de la institución como el establecimiento de la carrera fiscal y de la Defensa Pública y cambios en la carrera judicial, regulación de normas de conducta de las personas funcionarias judiciales, evaluación del desempeño, propuestas en la forma de elección de magistrados, reforzamiento de la materia disciplinaria interna, el impulso de la participación ciudadana dentro del Gobierno Judicial, reformas penales y análisis en las funciones de Corte Plena.
En muchos de estos temas el Poder Judicial ya venía trabajado en años anteriores y las estamos retomando para concretarlas en acciones.
