San José, 29 may (elmundo.cr) – Una amplia mayoría de costarricenses indicaron estar en contra del aborto, según se desprende de la última encuesta de opinión política efectuada por OPol Consultores para EL MUNDO.
La consulta hecha a 920 personas entre el 25 y el 27 de mayo, de manera presencial posee un nivel de confianza de 95% y un margen de error de ± 3,5%.
A las personas encuestadas se les hizo la siguiente pregunta: “¿Apoya usted el aborto?”. Un 85,2% indicó que no lo apoyan, mientras que solamente un 11% afirmó apoyarlo y un 3,8% se manifestó indeciso entre esas dos posiciones.
En el Código Penal costarricense la única causal que permite la interrupción del embarazo, sin que se castigue, es si se realiza “con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre”.
En la actualidad el Gobierno mediante el Ministerio de Salud está en proceso de emitir un protocolo que regule el aborto terapéutico, que al no estar reglamentado correctamente dificulta o incluso imposibilita su aplicación.
Durante el actual periodo legislativo las diputadas Epsy Campbell (PAC), Sandra Piszk (PLN) y Patricia Mora (FA) impulsaron ante la Comisión de Asuntos Sociales el proyecto de Ley Sobre Derechos Sexuales que reglamenta el aborto terapéutico y permitiría la distribución de la contracepción de emergencia, lo que generó la reacción negativa de la Iglesia católica y de los diputados cristianos.
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) le pidió desde el 2011 al Estado de Costa Rica que considerara revisar la ley sobre el aborto para poder identificar “otras circunstancias bajo las cuales podría permitirse el aborto, como los abortos en casos de embarazos resultantes de violación o incesto”.
A nivel mundial unas 47.000 mujeres mueren anualmente por complicaciones debidas a prácticas inseguras de interrupción del embarazo, según datos de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en derechos humanos.
Mientras que las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) también indican que cada año se llevan a cabo cerca de 22 millones de abortos inseguros en el mundo y que esta práctica se ha convertido en una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna.
Es por esto que los especialistas en derechos humanos afirmaron que la penalización del aborto y la denegación del acceso a servicios adecuados para interrumpir un embarazo no deseado son formas de discriminación de género.
Para los especialistas las legislaciones restrictivas que niegan el acceso al aborto seguro, son una de las formas más perjudiciales de la instrumentalización de los cuerpos de las mujeres y una grave violación de sus derechos humanos.
Por otro lado expresaron alarma por el sometimiento a procesos judiciales o encarcelamientos que sufren en algunos países las mujeres que buscan servicios de salud relacionados con un aborto, así sea espontáneo.
Finalmente los expertos abogaron por una educación sexual amplia para reducir la incidencia de embarazos no deseados y recomendaron garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de aborto seguro durante el primer trimestre, o posteriormente en casos de violación, incesto o riesgo para la vida o salud.
