San José, 22 ago (elmundo.cr) – La eliminación de un decreto presidencial que evitó un alza del 72% en el costo del gas de cocina y de un 35% en el precio del búnker, pondría en riesgo la continuidad de decenas de empresas en el país, luego de que un grupo de diputados planteara un recurso para dejar sin validez este.
Así lo afirma la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), que advierte sobre los efectos negativos que tendría en la generación de empleo y las inversiones.
“La eliminación del decreto pone en peligro miles de empleos en el sector empresarial; sería un obstáculo más en los intereses del país de reducir la tasa de desempleo y aumentar la competitividad y la inversión nacional y extranjera”, aseguró Franco Pacheco, presidente de UCCAEP.
Los empresarios aseguran que un aumento en el costo del gas afectaría a más de 451 mil hogares que utilizan este producto para cocinar, lo que representa aproximadamente un 40% de las viviendas del país, así como una fuerte alza en los costos de producción de industrias, restaurantes y hoteles, entre otros.
Entre las empresas que anunciaron su potencial salida del país en caso de aumentar un 72% el costo del gas, está Vidriera Centroamericana (Vicesa), que hoy da trabajo a 600 personas.
Otras empresas que se oponen a dicha alza son Arcelor Mittal, Vigui, Alimentos Prosalud (anteriormente Sardimar), Industrias Mafam, INSTAMASA, Fan-tasty Foods, Corporación del Valle Metropolitano, Industrias de Maíz, Productora La Florida, Distribuidora La Florida, Embotelladora Centroamericana, Premezclas Industriales para Panadería y Desarrollos Hoteleros Guanacaste; así como la Compañía de Galletas Pozuelo, Alimentos Jack´s de Centroamérica, Ecomotors International EMI, el Centro Internacional de Inversiones (CIISA), Tostadora El Dorado y B & C exportadores del Valle de Ujarrás.
“Actualmente el 70% de los empresarios no prevé más contrataciones y la confianza del sector lleva dos años de estar estancada. Un aumento desproporcionado en el gas solo agravaría esta situación; necesitamos acciones y mensajes correctos para revertir esa tendencia por el bien del país”, agregó Pacheco.
La salida de estas empresas representaría menos ingresos para el fisco, los regímenes de pensiones y para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
