San José, 1 mar (elmundo.cr)- El diputado oficialista Enrique Sánchez considera necesarios los nuevos controles que el expediente 20.509 exige a las empresas de seguridad privada.
De manera unánime, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico votó a favor una moción para que toda empresa de seguridad que por cualquier motivo cese sus funciones envíe sus armas de fuego, municiones, cargadores y otros componentes al Arsenal Nacional.
El Arsenal Nacional custodiará dicho material por 6 meses, plazo que tendrá el representante de la empresa para regular la situación jurídica de las armas de fuego, lo cual incluye la posibilidad del traspaso o venta a un tercero.
Si en esos 6 meses no se resuelve dicha situación, el Director General de Armamento ordenará su destrucción.
Los responsables de las empresas que no cumplan la obligación de entregar las armas al Arsenal Nacional se exponen a una pena de prisión de 1 a 3 años.
“En los últimos años, 285 empresas de seguridad dejaron de funcionar. Tenían registradas 5 270 armas, que en este momento nadie sabe dónde están, porque no hay sanción que las obligue a informar sobre su destino. Estas armas podrían fácilmente terminar en el mercado ilegal y no existen controles para saberlo. Por eso, debemos procurar mejores regulaciones para las empresas de seguridad”, explicó el legislador.
