San José. 6 set(elmundo.cr)- La Cámara de Industrias de Costa Rica se opone por completo y solicita archivar el expediente legislativo 22.065 “Ley de etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, para facilitar la comprensión y toma de decisión del consumidor, sobre el contenido de nutrientes críticos e ingredientes que, por su consumo excesivo, representen riesgos para la salud de las personas”; así lo hizo saber en la posición enviada el pasado primero de septiembre a la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.
Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica fue enfático en el rechazo absoluto del proyecto de ley ya que significaría el hundimiento del sector alimentario.
“Es urgente implementar acciones que permitan el crecimiento de la economía y la generación de empleo para los casi 500 mil costarricenses que se encuentran sin trabajo. Desde la CICR hacemos un llamado vehemente para que se archive el proyecto de ley y se detenga el acoso regulatorio contra la industria. El sector productivo no necesita más regulación, lo que requiere son las condiciones propicias para producir y poder generar empleo; ese es el camino que debe seguir el Gobierno de la República”, señaló Egloff.
Para los industriales, agregar requisitos adicionales en el etiquetado de productos procesados resulta contrario a los acuerdos y normas centroamericanas, los cuales tienen superioridad jerárquica sobre leyes nacionales, además es una ocurrencia sin fundamento jurídico y representa una afrenta a la industria alimentaria que tiene grandes retos en materia de competitividad.
En esta materia rige el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.07:10 Etiquetado General de los Alimentos Previamente Envasados (Preenvasados), en donde se estableció el marco normativo común de requisitos y exigencias para el etiquetado de este tipo de productos.
De acuerdo con Egloff, no se pueden aprobar nuevas leyes nacionales en contra de las leyes centroamericanas actuales, “el proyecto de ley contraviene la legislación centroamericana y pondría en riesgo la continuidad de cientos de empresas, especialmente las pequeñas y medianas industrias. Es un proyecto de ley que va en la línea contraria de reactivación económica al imponer mayores regulaciones al sector industrial”.
La industria alimentaria es un sector de gran importancia para la economía nacional, por lo que no se pueden promover este tipo de iniciativas que atentan contra su continuidad y la de sus trabajadores.
Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, existen 1.706 empresas inscritas formalmente en el sector de industria alimentaria, 96% son micro, pequeñas y medianas industrias y un 55% tiene menos de menos de 5 trabajadores. Este subsector produce cerca del 40% del PIB manufacturero y emplea alrededor de 54.000 trabajadores de forma directa.
“El proyecto de ley insinúa tendenciosamente que los alimentos industrializados son dañinos para la salud, no solo por su contenido de nutrientes (que son importantes para la salud), sino por el propio proceso de industrialización. Además, regula la publicidad de estos productos y establece multas y sanciones excesivas que incluyen la clausura del establecimiento. Este proyecto pretende crear más desempleo en la agricultura, la industria, en la publicidad, y en los comercios; son demasiados sectores afectados por esta ocurrencia”, mencionó Egloff.
La producción alimentaria se encuentra altamente encadenada a otros sectores de la economía como la agricultura y el comercio, por lo que este proyecto de ley también impactaría de manera negativa a otros eslabones de la cadena de comercialización y aumentaría las cifras de desempleo.
“Ninguna ley podría modificar o establecer disposiciones contrarias a las disposiciones de un Reglamento Técnico Centroamericano, porque ello produciría un incumplimiento jurídico del Derecho Comunitario y un retroceso en los esfuerzos de armonización regulatoria en el marco del Sistema de Integración Económica Centroamericana. Solamente un instrumento del mismo rango jurídico, es decir, un RTCA aprobado mediante resolución COMIECO, podría venir a modificar parcial o totalmente el Reglamento precedente”, finalizó Egloff.
