San José, 24 oct (elmundo.cr)- La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), le solicitó, como una medida de presión, al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, destituir a los funcionarios involucrados con el cemento chino, los créditos bancarios y un posible tráfico de influencias.
Esta mañana, durante conferencia de prensa, 50 cámaras que forman parte de la Uccaep alzaron la voz para exigir una investigación cristalina y exhaustiva, de modo que se pueda llegar hasta las “últimas” consecuencias.
Consideran además que estos casos han lesionado la institucionalidad costarricense y no deben quedar impunes.
La solicitud al mandatario se hace, pese a que son conscientes de que las responsabilidades civiles o penales se deben dilucidar en las instancias correspondientes.
En ese sentido, afirman que existe una pérdida de confianza y una responsabilidad política ineludible que debe ser atendida de inmediato. También consideran que las actuaciones la semana anterior en la Corte Suprema de Justicia deben servir de ejemplo para el Poder Ejecutivo.
“El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, debería ser removido. Alegar o pretender justificar sus actos ante la Comisión Especial Investigadora, de que fue engañado por el diputado Víctor Morales Zapata, más bien da mucha más razón para solicitar la inmediata separación del cargo”, manifestó Franco Arturo Pacheco, presidente de la Uccaep.
Según dijo, así como el presidente le solicitó al diputado Morales Zapata la separación de su cargo, debería proceder de la misma forma con el viceministro Rodríguez, al considerar que estaría involucrado con la importación del cemento chino y la agilización en el proceso de aduanas.
Asimismo, Pacheco señaló que debe aclararse la intervención del director de la DIS, Mariano Figueres.
“Una persona de confianza del mandatario y con la información de seguridad que maneja, debe dar cuentas claras sobre su participación en los hechos; y, sobre todo, tener control sobre lo que se dice o hace a nombre del presidente de la República”, sostuvo.
De igual forma arrojó la duda al aire de cómo no detectaron lo que se le atribuye a Morales, quien hasta hace poco, antes de que saliera a la luz el caso del cemento chino, era considerado el legislador de confianza de casa Presidencial.
El presidente de la Uccaep reprochó que por casos “mucho menos” polémicos, se han separado y hasta destituido a otros funcionarios de la actual administración. Asimismo, se desconoce a Morales Zapata como interlocutor en todo tipo de negociaciones que lleva a cabo el sector empresarial.
Pacheco dijo que los llamados “empresarios” vinculados en estos casos no representan los valores y principios que se promueven desde la Uccaep. “Repudiamos todo acto de corrupción en donde se involucre a personas que nada tienen que ver con nuestro sector formal”, agregó.
Ofrecen apoyo a la Fiscal General
Las recientes informaciones cada vez “más serias” sobre el posible tráfico de influencias y corrupción en las altas jerarquías de los poderes de la República, preocupan en “demasía” al gremio empresarial.
Por esa razón, Pacheco ofreció el apoyo del sector al Ministerio Público y en particular a la fiscal general a.i., Emilia Navas Aparicio, en lo que requieran, así como su voto de confianza de que procurarán llevar a cabo las investigaciones pertinentes con una mayor celeridad y transparencia.
“Ya no estamos ante situaciones hipotéticas o rumores, como se había manifestado anteriormente por parte de la Fiscalía, sino ante una peligrosa red que vemos desde afuera como un contubernio de personas e intereses mal sanos”, reiteró Pacheco.
Para la Uccaep, la Procuraduría está llamada a prevenir, detectar y erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública; incluso, el Código Procesal Penal le otorga la posibilidad de ejercer directamente la acción penal en ese tipo de casos. Si bien esta entidad recién la semana anterior anunció investigaciones en este caso, se consideran tardías, aunque positivas.
Intervenir la forma de aprobar operaciones crediticias
Otra de las preocupaciones del sector productivo es el tema bancario, de ahí que se considera urgente e indispensable intervenir a fondo la forma en que se aprueban los créditos bancarios, ya que el Superintendente de Entidades Financieras, Javier Cascante, alertó que los informes que emiten “no son vinculantes”.
También hacen un llamado para que la SUGEF y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) intervengan de inmediato en cómo elevar el nivel de los requisitos mínimos para integrar las Juntas Directivas, y que sobresalgan criterios de idoneidad y rigurosidad que tiendan a erradicar el criterio político en estos procesos de selección.
El sector empresarial asegura que el manejo del Poder Ejecutivo en la remoción y escogencia de los miembros de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica no ha sido el mejor.
Añaden que “los candidatos fueron ‘entrevistados’ por teléfono, y el proceso de suspender a los anteriores miembros, pareciera no estar apegado a derecho. Lejos de transparentarse la situación, hay una percepción en la ciudadanía de que se quiere ocultar algo”.
“Es necesario pensar en el futuro y el desarrollo del país; que los candidatos presidenciales demuestren con sus actos que están decididos a combatir la corrupción y por el bien de Costa Rica, devolver la confianza y credibilidad en el sistema político”, finalizó Pacheco.
