Empresarios denuncian al Estado por abusar de contrataciones con instituciones públicas

Pacheco UCCAEPSan José, 10 oct (elmundo.cr)- La Unión de Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), interpuso una denuncia contra el Estado costarricense, ante la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).

Según el sector empresarial, hay una evidencia clara del Estado de privilegiar la contratación de las instituciones públicas, manteniendo ventajas exclusivas en perjuicio del interés general de garantizar una administración eficiente de los recursos.

Además, afirman que al Estado no le importa el precio de la compra o idoneidad del adjudicatario, afectando la transparencia, la libre concurrencia y la competencia efectiva, en perjuicio del interés público y posiblemente haciendo un mal uso de los fondos públicos

“Esto es un acto que tiene la clara intención de evitar el acceso de agentes privados en la contratación pública. Esta práctica lo que conlleva es de nuevo a un Estado Empresario, involucrando a instituciones públicas en tareas como proveedores de servicios y productos que no poseen. Más allá de ser un tema ideológico, la decisión del gobierno supone ir en contra del principio de neutralidad competitiva en los mercados, como ya lo ha advertido el Comité de Competencia de la OCDE en foros recientes a los que Costa Rica ha asistido”, aseguró Franco Pacheco, presidente de la UCCAEP.

Dicha denuncia incluye un listado de 46 contrataciones por más de ¢32.400 millones, entre el años 2014 y 2016, solo para los servicios de telecomunicaciones, tecnología y sistemas informáticos.

Según cifras de la Contraloría, el volumen de compras para el 2015, fue de ¢457 mil millones, es decir, un 50% del monto total adjudicado del sector público.

“La Contraloría ha dicho que la Administración debe considerar diferentes alternativas dentro del mercado y buscar la decisión que le resulte más favorable al interés público y a los principios de eficiencia, eficacia y economía; pero además, la Sala Constitucional ha insistido en que toda contratación que realice el Estado, debe ser por medio de licitación, en donde se consigan las mejores opciones en cuanto a precio y calidad”, finalizó.

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