San José, 12 feb (elmundo.cr) – La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCC) y la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) manifestaron su preocupación ante la propuesta de imponer un impuesto del 10% a las bebidas carbonatadas.
La iniciativa se introdujo mediante una moción en el proyecto de Ley de Modernización del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), expediente N.° 23.566.
El sector empresarial señala que la inclusión de este impuesto mediante una moción de fondo “vulnera principios constitucionales fundamentales como la legalidad, la congruencia legislativa, la publicidad y la no sorpresa tributaria”. Argumentan que la jurisprudencia constitucional impide el uso de esta vía para crear nuevos tributos, ya que no se ajusta al objeto original del proyecto de ley.
Desde la perspectiva económica, la medida impactaría directamente a productores nacionales, importadores y miles de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), como pulperías, abastecedores, restaurantes y comercios de conveniencia.
Estas empresas dependen de la comercialización de bebidas carbonatadas, que son productos de alta rotación. El aumento de precios, según los empresarios, reducirá las ventas y afectará la sostenibilidad de estos negocios, con consecuencias negativas en el empleo y la cadena productiva local.
Además, el sector empresarial advierte que la experiencia internacional demuestra que los impuestos selectivos sobre productos de consumo masivo pueden incentivar el contrabando y el comercio ilícito, debilitando el comercio formal y reduciendo la recaudación efectiva.
También señalan que esta medida podría complicar el comercio internacional, especialmente con Estados Unidos, principal socio comercial de Costa Rica.
El sector empresarial también critica la incorporación de nuevas cargas regulatorias, como la obligación de certificar rendimientos teóricos de jarabes tipo post mix, lo que generaría costos adicionales y afectaría la seguridad jurídica de las empresas.
Finalmente, recuerdan que la creación de impuestos con destino específico para financiar instituciones públicas contraviene las buenas prácticas fiscales internacionales, incluidas las recomendaciones de la OCDE, al fragmentar las finanzas públicas y reducir la flexibilidad presupuestaria.
El sector empresarial reitera su disposición al diálogo constructivo y a colaborar en el fortalecimiento del deporte y la recreación nacional, pero rechaza las medidas tributarias improvisadas.
