San José, 6 ago (elmundo.cr) – Según el acuerdo conciliatorio firmado entre la Procuraduría General de la República (PGR) y el empresario Óscar Echeverría Heigold, en el que el abogado del Estado autoriza al Ministerio de Seguridad Pública a proceder con el desalojo de familias campesinas en la zona sur del país, los gastos de alimentación y el transporte de policías, así como el despliegue de unidades antimotines, son financiados por el empresario.
Así se plasma en el artículo 3 de dicho acuerdo, donde se indica que “La parte actora se compromete a coordinar con la Fuerza Pública el desalojo dispuesto en esta resolución, y colaborar eventualmente con alimentos y transporte para los miembros de la policía“.
Es importante aclarar que el señor Echeverría Heigold no es el propietario legítimo de las fincas, sino su arrendante, no obstante, su contrato de arrendamiento venció en el año 2011, tres años antes de que se firmara el acuerdo conciliatorio, entre este y la Procuraduría.
Ante la situación, el diputado del Frente Amplio (FA), Francisco Camacho, reaccionó el día de ayer en el plenario legislativo, donde denunció la gravedad de lo dispuesto en la resolución, y se refirió a la necesidad de convocar a la Procuradora de la República, Ana Lorena Brenes a comparecer ante alguna de las comisiones de la Asamblea Legislativa.
“Queremos que la Procuradora venga a explicar quien autorizó a la instancia que representa, a hacer este tipo de conciliación con el exarrendatario de las fincas, porque antes de firmar cualquier conciliación, hay que preguntarle al jefe, y el jefe es el Presidente de la República. Entonces quiero tener claro el medio que utilizaron para poder tener esa conciliación, que es a todas luces muy conveniente para el empresario y por supuesto, totalmente contraria a los intereses de los campesinos”, comentó Camacho.
Según el legislador, las familias deben de ser restituidas a sus tierras, y es labor del de Estado detener el atropello y la penuria que están viviendo las familias desalojadas.
