San José, 27 ene (elmundo.cr) – La mañana de este miércoles los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración aprobaron la moción a la Ley de Empleo Público que permitiría a los empleados públicos rechazar capacitaciones si alegan objeción de conciencia.
La objeción de conciencia es el derecho de la persona a abstenerse de realizar actos que contravienen ideales o valores éticos y religiosos.
Según explicó el abogado constitucionalista Rubén Hernández, a La Nación, “tiene asidero constitucional y se deriva de otros derechos fundamentales como la libertad religiosa y la libertad de conciencia”.
La iniciativa fue presentada por el diputado Jonathan Prendas y pretende agregar un inciso al artículo 21 del proyecto de ley de empleo público sobre los postulados rectores que orientarían los procesos de formación y capacitación en el empleo estatal en donde se indica:
Los servidores públicos podrán informar a la administración, por medio de una declaración jurada, sobre su derecho a la objeción de conciencia cuando se vulneren sus convicciones religiosas, éticas y morales, para efectos de los programas de formación y capacitación que se determine sean obligatorios para todas las personas servidoras.
A favor de la moción votaron los diputados Víctor Morales del Partido Acción Ciudadana (PAC), los liberacionistas David Gourzong, Luis Fernando Chacón y Jorge Fonseca; también los socialcristianos Rodolfo Peña y Aracelly Salas; así como los independientes Jonathan Prendas y Dragos Dolanescu. En contra votó la diputada independiente Zoila Volio.
