San José, 15 sep (elmundo.cr) – La discusión sobre el empaquetado neutro en cigarrillos y productos derivados volvió a generar polémica entre su principal promotor, la Red Nacional Antitabaco (Renata), el sector comercio y diputados que consideran una afectación directa en la salud pública y el mercado nacional.
Según lo opositores al expediente 22.497, el hecho de que se modifique la imagen comercial del producto por una estándar, generará una falta información al consumidor, y un posible comercio ilícito de los productos.
Justamente a inicios de este mes, en Uruguay se firmó un decreto para modificar el etiquetado neutro, ya que se comprobó el aumento del contrabando en el territorio sudamericano.
La Asociación de Consumidores de Costa Rica aseguró que el etiquetado neutro en los productos viola los derechos de información del consumidor.
El presidente de la Asociación, Erick Ulate, dijo que el proyecto “tiene serias deficiencias, ya que no le brinda a las personas la información necesaria sobre lo que es y no es este tipo de productos”, quien al mismo tiempo le solicitó a los diputados de la Comisión de Asustos Sociales “archivar el proyecto y en su defecto discutir una propuesta que sí represente los verdaderos intereses de lo consumidores”.
Por su parte, la diputada del Liberal Progresista, Johanna Obando, dijo que “la misma Red Antitabaco indican que no tiene cómo comprobar que el empaquetado neutro no aumentará o no comercio ilícito”.
Además, “consideramos que este proyecto no se fundamente en un análisis ni objetivo y ni cuantificable a los posibles impactos que podrían tenerse”, comentó Obando.
La diputa guanacasteca, Melina Ajoy (PUSC), su preocupación radica por las perdidas millonarias que le generan al país el contrabando de estos productos para el fumado.
“Actualmente en la recaudación de ese impuesto se ha presentado un descenso y por ende en la recaudación del 55.4%, pasando a ¢6 mil millones a ¢2.900 millones, y hay una perdida fiscal para Hacienda que se estimó en ¢38 billones y esto incide en las capacidades de la Caja Costarricense de Seguro Social para combatir el fumado”, dijo Ajoy, que su vez manifestó su oposición al proyecto.
Ante estas declaraciones, la Red Antitabaco sostiene su postura de apoyo al proyecto, basándose en los resultados de países europeos con esta medida. La presidente de Red, Nydia Amador, explicó que el contrabando se podrá controlar “implementando un sistema de seguimiento y monitoreo según manda el Artículo 8 del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco”.
“Costa Rica ratificó el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco desde el 2016, ya es hora de que lo implemente. No entendemos por qué si las tabacaleras están pagando todos los impuestos, les daría miedo que se instale en el país un sistema de trazabilidad fiscal”, dijo Amador.
A su vez, la máxima representante de Renata, aseguro que más de 40 organizaciones apoyan el proyecto, junto con una más de media docena de sentencias emitidas por la Sala Constitucional, que según explica Amador, “no se violan derechos de comercio, marca y propiedad intelectual”.
“Las medidas de empaquetado neutro siempre irán acompañadas de advertencias sanitarias pictóricas y serían tan difíciles de falsificar como los paquetes con logotipos de marcas lo cual ha sido probado en los países como Australia, que implementó este tipo de empaques desde el 2012. La experiencia de la Unión Europea, comparando Reino Unido, Francia e Irlanda (que si implementaron empaquetado neutro), tampoco muestra diferencias en la disponibilidad de cigarrillos ilícitos”, concluyó Amador.
Para abril del presente año, el proyecto estuvo en discusión en el Plenario, justo antes del cambio de cuatrienio, pero fue rechazado por la mayoría para que pasara a votación. Actualmente se estudia en la Comisión Legislativa de Asuntos Sociales.
