San José, 20 abr (elmundo.cr) – La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) y la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), solicitan a los diputados rechazar el expediente 22.497, que pretende imponer el empaque neutro o genérico en los productos de tabaco.
Esto con el fin de evitar que se limite el derecho de los consumidores a contar con información relevante para tomar su decisión de consumo e impedir que se violen los principios constitucionales de libertad de comercio y los derechos vinculados a la propiedad privada y la propiedad intelectual.
El presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins, señaló que “ante las manifestaciones recientes de algunas organizaciones, el sector empresarial formal reitera su rechazo a este proyecto de ley”.
“Exigir un empaquetado neutro o genérico para estandarizar las características de las cajetillas de cigarros, se traduce en una confiscación o expropiación de la propiedad intelectual y de las marcas de las empresas, sin lograr ninguno de los cambios que se persigue con el proyecto”, agregó.
Según Jenkins “se generaría un impacto negativo en el mercado, en los consumidores y en las empresas, disminuyendo también la recaudación y con ello los recursos de los que dispone el Estado para realizar las inversiones necesarias”.
Con el proyecto de ley propuesto, se produciría un aumento en el contrabando de cigarrillos, lo cual expondría a la población fumadora a una presencia aún más alta de productos ilegales en el mercado nacional que incumplirán con la regulación, representando un mayor riesgo para la salud de los consumidores.
El presidente de la CCCR, Julio Castilla, comentó que “las medidas son desproporcionadas y sin ningún fundamento técnico que las avale. Hoy día, contamos con datos suficientes que evidencian que, en países donde se ha implementado esta iniciativa no se ha tenido éxito, más bien, ha aumentado el contrabando, generando una afectación directa en los ingresos del fisco de los países”.
“Este proyecto debilita, una vez más, al sector privado que cumple con la ley. Dejemos de afectar a los que están haciendo las cosas bien, y controlemos el comercio ilícito que afecta la salud, las finanzas públicas y compite de manera desigual con el comercio formal”, agregó.
Es importante recordar que desde la aprobación de la Ley No. 9028: “Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud” en el año 2012, el volumen de comercio ilícito de cigarrillos ha aumentado significativamente: cerca del 50% del volumen de cigarrillos que se comercializa ahora en el territorio nacional proviene del mercado ilícito, lo cual refleja el impacto negativo de las regulaciones excesivas y la alta tasa impositiva que recae sobre estos productos.
La experiencia de otros países ha demostrado que este tipo de medidas, además de causar un grave impacto en el comercio, en la competitividad, en los derechos de las empresas y en los consumidores, no genera una disminución en el consumo, sino, por el contrario, provoca un incremento del comercio ilícito, con una afectación directa e inmediata en la salud de las personas.
Tal es el caso de Australia en donde el comercio ilícito aumentó un 80% desde que se implementó esta medida y Uruguay, que derogó dicha norma el año pasado, confirmando que el empaque genérico obligatorio afecta el mercado formal y favorece directamente al comercio ilícito, sin tener el resultado esperado, con el que se justificó la imposición de dicha medida.
Por su parte, el presidente ejecutivo de la CICR, Enrique Egloff, aseguró que “este tipo de medidas incrementa el comercio ilícito de productos de tabaco, ya que las cajetillas se podrían falsificar fácilmente porque todos los empaques serían iguales y no habría diferenciación de los productos”.
“Obligar a que las cajetillas sean idénticas también limita la información de la que disponen los consumidores, generando que el único factor en la decisión de consumo sea el precio, en detrimento de la calidad y la salud”, indicó Egloff.
Para Egloff “debemos tener cuidado, porque el prohibicionismo y la restricción de las libertades, con la excusa de proteger, es una ruta legislativa peligrosa. Este proyecto sería un primer paso, luego ¿qué más vamos a prohibir?”.
El sector empresarial hizo un llamado respetuoso a los diputados, para que se promuevan iniciativas que generen mayor actividad económica y empleo que tanto requiere el país y se eviten este tipo de proyectos que ponen en riesgo la salud de los consumidores, generan un aumento del comercio ilícito y atentan contra la competitividad del sector privado formal.
