Washington, 25 ago (elmundo.cr) – La exdefensora de la Habitantes y actual embajadora de Costa Rica en Estados Unidos, Catalina Crespo, relató a un medio de comunicación norteamericano, especializado en diplomacia, que sufrió un intento de asesinato en Costa Rica cuando ejercía el cargo de defensora de los Habitantes.
Según dijo, alguien cortó los frenos de su vehículo oficial en setiembre del 2022.
La historia fue consignada en una entrevista que la representante del Gobierno de Costa Rica brindó a The Washington Diplomaty que fue publicada el pasado 22 de agosto, en la cual afirmó haber recibido amenazas de muerte.
Crespo indicó al medio que los hechos se mantienen sin resolver y que, luego de lo ocurrido, requirió de constante protección policial.
“Si este hubiera sido cualquier otro país latinoamericano, me habrían asesinado desde el principio”, se lee en una de las citas del artículo.
Crespo recalcó que “no hice muchos amigos durante esos cuatro años”.
“La revelación llega como una sorpresa, considerando la reputación de Costa Rica como una democracia progresista y amante de la paz, que hace 75 años disolvió su ejército y comenzó a invertir fuertemente en educación y servicios de salud”, expresa el medio de comunicación.
La nota también hace mención a los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), en el que Costa Rica obtuvo su segunda peor calificación histórica.
Señalando que “las acusaciones de financiación política ilegal durante la campaña electoral del presidente Rodrigo Chaves también pueden ayudar a explicar los resultados reciente”, indica el texto.
El mandatario es investigado por la Fiscalía General de la República por “presuntos delitos sobre financiamiento ilegal de partidos políticos, por una presunta estructura paralela de financiamiento electoral del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD)”.
La causa se tramita bajo el expediente N.° 22-000116-1218-PE, donde también aparecen como imputados el canciller Arnoldo André Tinoco; la diputada y presidenta del PPSD, Luz Mary Alpízar Loaiza; y el también legislador oficialista Waldo Agüero Sanabria (segundo lugar en la papeleta por San José).
Incluso, como parte de este proceso, el fiscal general de la República, Carlo Díaz, allanó el 17 de agosto las instalaciones del bufete Lexincorp, del cual fue socio fundador el canciller.
