San José, 07 abr (elmundo.cr) – Un análisis financiero basado en datos oficiales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), reveló que la institución ha pagado un excedente de ₡2.220 millones tras asumir la administración directa de las áreas de salud de Carpio-León XIII y San Sebastián-Paso Ancho.
Este incremento representa un gasto significativamente mayor al que se habría incurrido bajo el modelo de tercerización que operaba anteriormente, evidenciando una brecha de eficiencia que impacta directamente las finanzas del sistema de seguridad social.
Los datos, facilitados por la CCSS a elperiodicocr.com evidencian que, tras asumir la operación de las áreas de Salud de La Carpio-León XIII y la de San Sebastián-Paso Ancho, la institución pagó ₡1.480 millones más en comparación con lo que le costaba el mismo servicio, pero facilitado a través de un servicio tercerizado.
De hecho, la comparativa para llegar a esta comparación se realizó con datos de la propia CCSS sobre lo que venía pagando mediante contratos de tercerización a la Asociación de Médicos Costarricenses (ASEMECO), que el año anterior desistiera de aceptar un contrato de urgencia para la operación en medio de presiones sindicales para eliminar este tipo de modelo.
El peritaje técnico de la experta Sharon Benavides, reveló que el modelo actual de administración por parte de funcionarios de la Caja es financieramente ineficiente, y carece de una justificación técnica sólida frente al esquema de alianzas con organizaciones sociales y cooperativas que imperaba antes de la transición.
La situación es especialmente crítica en el área de Carpio-León XIII, donde la CCSS registró un sobrecosto del 46,20% en comparación con la tarifa de administración externa, elevando el gasto institucional a ₡2.194 millones.
Por su parte, en San Sebastián-Paso Ancho, el costo se disparó un 30,99% por encima de la tarifa externa durante el semestre analizado.
Este fenómeno responde en gran medida a una estructura de costos más onerosa en rubros de remuneraciones y cargas sociales, los cuales superan los estándares del mercado de servicios de salud privado-social y presionan el presupuesto de la institución de manera insostenible.
Este aumento en el gasto no es un dato aislado, sino el resultado de una transición marcada por fuertes movimientos de huelga y la resistencia de mandos medios y sindicatos como Undeca y ANEP, quienes se opusieron históricamente a la gestión mediante cooperativas.
El informe concluye que la institución ha cedido ante estas presiones gremiales, lo que ha derivado en una “ideología de la ineficiencia” que mantiene frenados contratos de tercerización ya adjudicados. Mientras persiste esta parálisis administrativa por motivos políticos y sindicales, el dinero de los asegurados continúa financiando estructuras administrativas pesadas en lugar de invertirse en la reducción de listas de espera.
El impacto social de este desbalance financiero es cuantificable y alarmante, ya que el sobreprecio pagado equivale a haber dejado de realizar más de 83.400 consultas médicas en solo nueve meses.
De este total, se estima que al menos 55.599 citas de medicina general nunca llegaron a los pacientes debido a los ₡1.480 millones desperdiciados exclusivamente en ineficiencias operativas.
De esta manera, el peritaje subraya que el costo de oportunidad de mantener la administración directa en estas zonas afecta severamente la capacidad de atención del sistema nacional de salud, sacrificando la cobertura médica real en favor del mantenimiento de un modelo burocrático más caro.
