San José, 6 ago (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes presentó un informe alternativo ante el Comité para la Eliminación de todas formas de Discriminación Racial de las Naciones Unidas.
Evidenciando la falta de legislación para prevenir, erradicar o sancionar el racismo; debilidades en la ejecución de la política nacional encaminada a eliminar la discriminación racial; así como la deuda con las poblaciones indígenas, que tras más de veinte años espera la aprobación de un proyecto de ley para su desarrollo.
El informe de la Defensoría está basado en investigaciones y labores de educación de los derechos humanos hacia estas poblaciones.
La Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni, indicó que “el país presenta deficiencias importantes para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales a las personas indígenas, afrodescendientes y migrantes”.
Según el ente defensor en materia del derecho al trabajo de la población indígena-migrante –Pueblo Ngöbe- persiste la incapacidad del Estado de garantizar a estas personas los derechos laborales que el ordenamiento jurídico dispone, con la consecuente afectación a la calidad de vida de estas personas y sus familias. Esta situación también se presenta en el caso de las mujeres migrantes que laboran en los servicios domésticos y a quienes se les violenta el derecho a la seguridad social como derivación del derecho al trabajo, debido a las disposiciones administrativas que no reconocen la modalidad del trabajo por horas y la multiplicidad de patronos.
En otros derechos, como es el derecho a la vivienda, a la educación o a la salud, la discriminación racial se manifiesta en la imposición de modelos únicos de prestación de servicios que desconocen y con ello, niegan las características culturales de los diversos grupos y afectando el disfrute de estos, indica la Defensoría.
Mención especial tiene la situación de la tenencia de la tierra por parte de los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes que viven en el Caribe.
En el proceso de acompañamiento a estas poblaciones es que la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni, y representantes de la sociedad civil sostuvieron un conversatorio, a través de Skype, con el Relator Especial para Costa Rica del Comité para la Eliminación de todas formas de Discriminación Racial de las Naciones Unidas, Pastor Murillo Martínez.
Este encuentro tenía como fin comentar el informe alternativo de la Defensoría y conocer las principales inquietudes del Relator Especial, Pastor Murillo Martínez.
Entre los asuntos abordados por Murillo destaca el grado de cumplimiento de Costa Rica de las recomendaciones sobre la situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís; emitidas por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. De igual forma, el experto mostró su interés por conocer más acerca de la legislación nacional y las sanciones por discriminación racial.
El Estado costarricense, liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, presenta durante los días de ayer y hoy, en Ginebra, Suiza, un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones del país en el marco de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
La Defensoría de los Habitantes cuenta con estatus consultivo A ante los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas, y por lo tanto es consultada en relación con todos los procesos de información a los comités de derechos humanos del sistema de la ONU.
Acceso al Informe Alternativo completo: http://www.dhr.go.cr/biblioteca/resoluciones/Informe_DHR_al_CERD_2015.pdf