El PAC pretendía que los diputados de la Comisión de Derechos Humanos les dejaran firmado un “cheque en blanco”, señala Valladares

San José, 10 nov (elmundo.cr) – Este martes los diputados de la Comisión de Derechos Humanos archivaron el expediente 21.548, Ley de Fortalecimiento de la Gestión de Titulación de los Bienes Inmuebles Propiedad del Instituto Mixto de Ayuda Social.

La diputada Paola Valladares, del Partido Liberación Nacional (PLN), expuso que “el Partido Acción Ciudadana (PAC) pretendía que todos los diputados de la Comisión de Derechos Humanos les dejaran firmado un “cheque en blanco”, el proyecto 21.548″.

Valladares aseguró que con este proyecto “el Poder Ejecutivo buscaba de forma irresponsable distribuir nada más y nada menos que 1.069 (mil sesenta y nueve) fincas en las siete provincias, las cuales sumaban 8,238,478 (ocho millones doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos setenta y ocho) metros cuadrados de terreno, sin indicar a quién se le iba a traspasar cada una de esas fincas”.

“El PAC pretendía que se aprobara un proyecto de ley a ciegas como si legislar fuera un asunto tan simplista y que, en un “acto de buena fe”, todos los legisladores de la Comisión de Derechos Humanos, le firmáramos un cheque en blanco”, agregó.

La legisladora explicó que “se pretendía violentar también lo indicado por la Procuraduría General de la República en el Dictamen 268-2006: ese carácter genérico no alcanza para que en una sola Ley se desafecten todos los bienes inmuebles de una institución, y que libremente pueda disponer de ellos de la forma jurídica que sea, sin antes mediar un análisis que tome en cuenta el destino que tienen esos bienes, la razonabilidad de poder disponer de ellos y lo más grave aún, sin tomar en cuenta si es necesario realizar algún tipo de compensación a la comunidad”.

Además, Valladares indicó que “esta iniciativa de ley fiel al estilo de gobernar del PAC le denominaron “Ley de Fortalecimiento de la Gestión de Titulación de los Bienes Inmuebles Propiedad del Instituto Mixto de Ayuda Social”, el cual en el fondo no era más y nada menos que una forma de violentar nuestro ordenamiento jurídicos y darle al Poder Ejecutivo una competencia legislativa que esta expresa en el artículo 121 inciso 14) de la Constitución Política , para cual cito lo indicado por la Unidad de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, … “el acto de desafectación es una potestad constitucional exclusiva de la Asamblea Legislativa, así regulado por el artículo 121 inciso 14) de la Constitución Política. De ahí, que no es de recibo autorizar al IMAS a realizar una competencia que no le es propia”.

“Cómo pretende este gobierno después del irresponsable manejo del Bono Proteger, al igual que lo sucedido por el MAG que le transfirió más de 1.168.2 millones de colones a entes privados, para citar dos ejemplos, que se les siga dando un voto de confianza al Poder Ejecutivo, cuando sus actuaciones han sido irresponsables y estas actuaciones ya son objeto de fiscalización por la Contraloría General de la República”, comentó la legisladora.

Valladares insistió en que “esta diputada ya se cansó de manipulaciones, de la poca trasparencia, de poses políticos y mucho menos acepto presiones de nadie para votar proyectos los cuales violentan el ordenamiento jurídico”.

“Anuncié que estaremos realizando el control político para que en el plazo de ocho el IMAS haga su tarea y presente ante esta Comisión los primeros proyectos de ley de las fincas cuyo destino es el uso institucional, no puede ser que en 7 años de este gobierno PAC, estos proyectos no hayan sido presentados y aprobados como Ley de la República”, concluyó.

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