San José, 31 mar (elmundo.cr) – Lo que en su momento se vendió como la salvación para las costas costarricenses ha terminado convirtiéndose en su acta de defunción política.
El Gobierno de Rodrigo Chaves ha tenido que retroceder en su intención de revivir la pesca de arrastre, luego de intentarlo al menos dos veces desde 2023.
Este desenlace no llega por casualidad, sino que es el resultado directo del incendio político que provocó la gestión de Heiner Méndez al frente del Incopesca.
El paso de Méndez por la institución fue poco menos que catastrófico para los intereses del Ejecutivo en esta materia.
Su intento por colar, mediante un decreto, una lista de 234 especies —incluyendo algunas de alto valor ecosistémico— bajo la etiqueta de “interés pesquero” no solo fue un error técnico monumental, sino un suicidio político que unificó a ambientalistas y a la oposición en un frente común.
Méndez se convirtió en un lastre que obligó a Casa Presidencial a aplicar un control de daños de emergencia, sacrificando al jerarca para evitar que el desgaste alcanzara directamente la figura presidencial.
La reciente apertura al diálogo que se percibe en la Asamblea Legislativa es, en el fondo, una escenificación del realismo político.
El Gobierno entiende que, sin estudios científicos robustos y con la opinión pública en contra, seguir empujando el arrastre es una batalla perdida.
Por su parte, el PLN ha decidido jugar la carta de la prudencia, sabiendo que su base electoral no perdonaría un respaldo a una técnica tan cuestionada.
Finalmente, el Frente Amplio ha cumplido su rol de fiscalizador, desnudando las carencias crónicas del Incopesca y asegurando que cualquier promesa de sostenibilidad en altamar carece de fundamento real sin una capacidad de vigilancia efectiva.
Al final del día, el arrastre ha muerto, y sus sepultureros lo hacen más por necesidad que por convicción.
