El aguinaldo no es un beneficio opcional, sino una obligación legal respaldada por normativa vigente

San José, 02 dic (elmundo.cr) – El aguinaldo, un derecho laboral esencial en Costa Rica, es una obligación legal que debe ser cumplida por empleadores del sector público y privado, según lo establece la Ley 2412. El plazo máximo para su pago es el 20 de diciembre, fecha límite tras la cual se considera un incumplimiento.

El aguinaldo se calcula sumando todos los salarios ordinarios y extraordinarios devengados entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año en curso, dividido entre 12.

“Este cálculo incluye bonificaciones, horas extras y cualquier otro extremo de naturaleza salarial, lo que hace esencial que los empleadores lleven un registro detallado y transparente de los ingresos”, explicó Sammy Mauricio Pérez Matamoros, docente de Derecho en la Universidad Fidélitas.

En casos de renuncia, despido o contratos temporales, el trabajador tiene derecho a un aguinaldo proporcional. Este se calcula tomando en cuenta los meses y días trabajados, respetando el principio de irrenunciabilidad que caracteriza este derecho.

Para los trabajadores, uno de los problemas más frecuentes es no recibir el monto correcto o que el pago se retrase más allá del plazo establecido. En estos casos, el trabajador puede acudir a la Inspección de Trabajo para denunciar la retención indebida.

Esta entidad tiene la facultad de imponer multas al empleador y, si es necesario, el trabajador puede solicitar judicialmente el pago del aguinaldo junto con la terminación del contrato laboral con el consecuente pago de todos los derechos correspondientes.

Los empleadores, especialmente en pequeñas y medianas empresas, enfrentan desafíos financieros que dificultan cumplir con este pago. Según Pérez Matamoros, “la falta de provisión contable durante el año es un error recurrente que lleva a desequilibrios financieros en diciembre. Es una práctica clave dividir el salario acumulado entre 12 y reservar esa cantidad mensualmente”. En casos extremos, las empresas recurren a préstamos o recortes para solventar esta obligación.

Aunque el cálculo del aguinaldo es uniforme, existe una diferencia en la fecha de pago. En el sector público, el desembolso se realiza en una fecha homogénea para todos los funcionarios, mientras que en el sector privado los empleadores tienen flexibilidad para elegir la fecha, siempre dentro del plazo legal.

El Ministerio de Trabajo ofrece calculadoras gratuitas para verificar el monto del aguinaldo, así como asistencia en sus oficinas. Además, los empleados que enfrentan deducciones injustificadas, como las relacionadas con pensiones alimentarias, pueden denunciar el caso ante un juez de familia.

El aguinaldo no solo representa una obligación legal para los empleadores, sino un alivio económico para los trabajadores y sus familias. Cumplir con esta normativa es una forma de fortalecer la relación laboral y la confianza mutua. Como concluye Pérez Matamoros, “la planificación y la transparencia son esenciales para evitar conflictos y garantizar el respeto de este derecho”.

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