Managua, 05 ago (elmundo.cr) – La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó esta semana una controvertida legislación que pone en riesgo ambiental una de las zonas limítrofes más sensibles del país: la frontera con Costa Rica. Se trata de la nueva Ley de Territorio Fronterizo, promovida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que amplía el control estatal sobre las regiones limítrofes y elimina la protección establecida por leyes anteriores.
La norma fue aprobada por unanimidad en el parlamento nicaragüense y permitirá al Ejército “establecer una presencia de seguridad nacional desde los mojones hasta 15 kilómetros hacia adentro del país”, según el texto legal.
Además, la legislación deroga la Ley 749 —vigente desde 2010—, que definía medidas de conservación ambiental y uso sostenible en zonas fronterizas. En su lugar, se habilita al Ejecutivo a intervenir y reordenar los territorios “en función de intereses de soberanía, seguridad e integridad territorial”.
Uno de los aspectos más alarmantes, según ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil, es que esta ley llega días después de que el gobierno otorgara concesiones mineras a una empresa china en áreas protegidas, incluyendo la Reserva Biológica Indio Maíz, cercana a la frontera costarricense.
El ambientalista nicaragüense Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, denunció que con esta ley, el régimen intenta “legalizar una concesión minera ilegal a una empresa china” en territorios indígenas y reservas naturales:
“Están tratando de hacer un parche a una acción ilegal. Dieron una concesión minera a una empresa china en un área que está legalmente protegida”, afirmó Ruiz.
La nueva legislación también contempla la apertura de cuatro nuevos puestos militares en zonas fronterizas como El Castillo, Nueva Guinea, Bluefields y San Carlos, donde ya se han aprobado concesiones para minería metálica.
“Lo hicieron rápido, sin reglamento y con una redacción débil”, añadió Ruiz, quien advirtió que las medidas podrían provocar el desplazamiento de comunidades locales y facilitar el control territorial de empresas extranjeras en territorios protegidos.
Hasta finales de 2024, el gobierno de Nicaragua había autorizado más de 20 concesiones mineras a empresas chinas, lo que representa un crecimiento significativo del sector, con exportaciones que superaron los 1.391 millones de dólares, según cifras del Banco Central.
