San José, 21 oct (elmundo.cr) –El Gobierno de la República lamentó profundamente que una pequeña mayoría en la Comisión de Asuntos Hacendarios rechazara una serie de mociones de fondo que procuraban fortalecer inversión social indispensable dentro del presupuesto del próximo año, manteniéndose dentro de los límites de la regla fiscal y cumpliendo con lo dispuesto por la Asamblea Legislativa en la Ley No. 9941, Ley de Reactivación y reforzamiento de la red de cuido y desarrollo infantil (Redcudis) que garantizó recursos específicos (y no sujetos a la regla fiscal) al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Aseguraron que esta decisión en comisión legislativa “negó recursos por más de ₡32 000 millones al PANI que estaban destinados al fortalecimiento de la red nacional de cuido y desarrollo infantil y al mantenimiento de otros programas de esa entidad, lo cual provocará que en el segundo semestre del 2022 no se cuente con recursos para esos programas y afectará a 22 357 niñas, niños y adolescentes”.
Además, la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, indicó que también “se denegaron ₡27 000 millones dirigidos al programa Avancemos los cuales son vitales para su sostenibilidad y ₡20 000 millones para financiar pensiones del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Además de la importancia social de dichas inversiones, se debe recalcar que fortalecer el gasto social es uno de los compromisos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.
Dinarte agregó que lo anterior es aún más lamentable “porque era innecesario, ya que existía margen legal y financiero para asignar esos recursos a fortalecer la inversión social y a la vez respetar los límites a la regla fiscal”.
“Esto es así porque una importante cantidad de recursos destinados al PANI dentro del presupuesto para el 2022 están excluidos del tope de dicha regla, debido a que la Ley N°9941, aprobada por la Asamblea Legislativa y publicada en marzo del 2021, es posterior a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (ley N°9635), según criterio de la Contraloría General de la República DFOE-SOC-0321 del 22 de abril de 2021 dirigido a la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Gladys Jiménez Arias”, agregaron.
Según la CGR “Bajo esa línea, aplicando el criterio de especialidad para la interpretación de normas, podemos concluir que la ley 9941 es una autorización especial respecto de las leyes N° 9371 y 9635, es decir es una norma especial frente a normas de carácter general (…) se establece un régimen especial y particular, en relación con el superávit libre acumulado trasanterior del PANI por lo cual una interpretación en sentido contrario, para este caso en particular implicaría necesariamente que el financiamiento de la citada Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil sea inaplicable”.
Asimismo, sostuvieron que los legisladores dispusieron la exclusión de dicha fuente de financiamiento del límite derivado de la aplicación de la Regla Fiscal, por cuanto la Ley N°9635 eliminó parte de la fuente de financiamiento del PANI, siendo que el objetivo y propósito de esta nueva normativa es dotar de un monto nominal fijo a la institución, debiendo trasladarse cada año el 5% del impuesto de la renta al PANI y de ahí disponer el 20 % para el fortalecimiento de la red.
