San José, 8 nov (elmundo.cr) – El candidato presidencial del Partido Frente Amplio (FA), Edgardo Araya, indicó que a partir de hoy se empezó a saldar una deuda que “tiene” la justicia costarricense en el caso del proyecto minero Crucitas, en Cutris de San Carlos.
La mañana de este miércoles, el expresidente, Óscar Arias, llegó junto a sus abogados a la Fiscalía General de la República, para ser interpelado por el decreto que se firmó en su gobierno y que permitió la actividad minera en la zona. LEA TAMBIÉN: Fiscalía General interroga a Óscar Arias por el caso Crucitas
El fiscal general suspendido, Jorge Chavarría, alegó en su momento que el exmandatario desconocía el fondo del decreto y por esa razón no lo imputaría. Sin embargo, Emilia Navas Aparicio, quien ostenta dicho cargo de forma interina, reabrió la causa contra Arias hace pocos días. LEA TAMBIÉN: Fiscala General Interina ordena reabrir causa contra Óscar Arias por la mina Crucitas
El ministro de Ambiente de aquel entonces, Roberto Dobles, a quien se le atribuyó el delito de prevaricato, fue condenado a tres años de cárcel por este caso, en enero de 2015, empero, apeló siete meses después, solicitando un nuevo juicio.
Hace aproximadamente dos meses, se dio un roce entre el fiscal Chavarría y dos jueces del Tribunal penal del Segundo Circuito Judicial, luego de que estos últimos tomaran la decisión de no llevar a juicio a Dobles, hasta no aclarar si se imputaría o no al expresidente liberacionista.
Sobre los hechos, Al frenteamplista le llamó la atención que el fiscal general suspendido solicitara la desestimación de la causa contra Arias, por la declaratoria de emergencia nacional del proyecto minero, cuando a su parecer se requiere de la firma de dos personas para que sea válido.
“En lo que el Tribunal Contencioso Administrativo determinó en su sentencia como una orquestación de voluntades, para lograr los permisos de ese proyecto minero a como diera lugar, quebrantando la ley y la normativa, por fin ahora todas las personas involucradas van a rendir cuentas ante la justicia”, manifestó.
Aunado a ello, Araya señaló que “sin la firma del presidente y sin la firma del ministro, no hubiese surtido los efectos de la destrucción de 65 hectáreas de bosque en tres días”.
“Ese efecto tiene que haber sido querido por ambas partes que firmaron y siempre nos llamó la atención que se procesara solamente a una persona”, sostuvo el diputado, quien es testigo clave en el caso de Crucitas.
Por último dijo que “ojalá” con la actuación del Ministerio Público se permita llegar hasta las últimas consecuencias, para sentar las responsabilidades en este caso.
