San José, 12 may (elmundo.cr) – El Informe de Derechos Humanos 2022 del Departamento de Estado de los Estados Unidos señala que en Costa Rica “no hubo informes de abusos importantes de derechos humanos”.
De igual forma hacen hincapié en que el Gobierno contó con mecanismos para identificar y sancionar a los funcionarios responsables de cometer abusos de derechos humanos o de participar en corrupción.
Con respecto a las condiciones en los centros penales indican que fueron adversas a causa de la sobrepoblación, condiciones sanitarias inadecuadas, dificultades para un oportuno acceso a servicios de salud, y la violencia entre los privados de libertad.
El informe reconoce que la sobrepoblación carcelaria constituyó un problema. En julio, la población penitenciaria sobrepasó la capacidad real del sistema penitenciario en un 6 por ciento, según estadísticas oficiales el nivel más bajo de las dos últimas décadas.
La disminución en la sobrepoblación es producto en parte de la apertura en enero de un nuevo centro de atención interinstitucional con capacidad para 1.250 privados de libertad.
Aunque el Ministerio de Justicia realizó esfuerzos para aumentar la capacidad penitenciaria y mejorar las condiciones de conformidad con estándares internacionales, algunos centros de atención institucional y las unidades de atención integral (centros penitenciarios de mínima seguridad) permanecieron con sobrepoblación, con el mayor problema identificado entre la población indiciada. Las autoridades mantuvieron en algunas ocasiones a detenidos en prisión preventiva junto a los presos sentenciados, indicaron.
Las condiciones precarias en los centros penales incluyeron espacios inadecuados para descanso, espumas deterioradas para dormir en el suelo, y acceso insuficiente a los servicios de salud. En los centros penales se consiguieron con facilidad sustancias prohibidas, y el abuso de drogas fue común.
El Ministerio de Justicia identificó como un problema persistente el uso de teléfonos celulares y de señales Wifi en los centros penitenciarios, con informes generalizados de actividades delictivas y fraudes realizados por teléfono. En el 2018 una ley implementó el bloqueo de la señal de telefonía móvil por medio de los operadores de redes de servicios de telecomunicaciones, pero sin incluir al Ministerio de Justicia, y la eficacia del sistema no estaba clara, señala el informe.
El informe reconoce que la Defensoría de los Habitantes realizó el trámite administrativo de investigación de todas las denuncias, incluidas las acusaciones creíbles de maltrato, a la vez que inspeccionó las condiciones en todos los otros centros de detención y preparó informes anuales.
Con respecto a la libertad de prensa llaman la atención sobre el cierre de Parque Viva que ocasionó un impacto financiero importante para la empresa de comunicación lo que llevó a la Corte Suprema a declarar con lugar un amparo interpuesto por un grupo de periodistas del periódico La Nación contra el cierre, lo que fue considerado por la Sala IV como una “violación indirecta a la libertad de prensa”, por lo que se anuló la orden de cierre del Ministerio de Salud.
Según el informe la tenencia de la tierra continuó siendo un problema en la mayoría de los territorios indígenas. La ley protege las tierras dentro de los 24 territorios indígenas, como propiedad colectiva de las comunidades indígenas que no es transferible; sin embargo, el 38 por ciento de las tierras estaba en manos de personas no indígenas.
En cuanto a las personas de la comunidad LGTBIQ+ se dieron casos de discriminación en contra de personas por su orientación sexual, que abarcaron desde el empleo, el abuso de autoridad, hasta el acceso a la educación y a servicios de salud. Las personas LGTBIQ+ experimentaron discriminación en sus propias familias por su orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales.
Aunque la normativa prohíbe la discriminación relacionada con el VIH/SIDA en los servicios de salud, se presentó alguna discriminación en el acceso a vivienda, en el empleo y en la educación, dice el documento.
Además insisten en que la discriminación laboral dirigida a los pacientes con VIH continuó; algunas personas reportaron haber perdido sus trabajos por discriminación, por el deterioro de su salud, o por ambos, aunque el problema no fue generalizado.
El Gobierno no tomó medidas concretas para luchar contra la discriminación a las personas que viven con el VIH/SIDA a pesar de haber adoptado el plan estratégico nacional para la prevención, atención y asistencia del VIH/SIDA (2016-21), critica el informe.
El informe asevera que aunque la ley establece el acceso a los edificios para las personas con discapacidad, el gobierno no hizo cumplir esta disposición y muchas instalaciones siguieron siendo inaccesibles para la población con discapacidad.
