San José, 27 nov (elmundo.cr) – La diputada Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en su discurso relacionado con el Presupuesto 2021, cuestionó el accionar del Poder Ejecutivo con respeto a los recortes presentados en dicho presupuesto, el cual se votó este martes con un recorte adicional de 155 mil millones realizado con una megamoción que presentó la oposición.
“El Presupuesto 2021 dio de qué hablar”, señaló Díaz.
La congresista afirmó que fue ampliamente mocionado, con un informe negativo de mayoría, y con un malestar generalizado por parte de este Congreso y el país, al observar la poca voluntad del gobierno en el recorte del gasto y su interés superlativo por seguir poniendo cargas impositivas a los costarricenses.
“La Administración Alvarado Quesada no hizo ningún esfuerzo por generar recortes concretos y llegar a consensos oportunos con este Congreso, en el marco de la crisis financiera que vive el país, hoy ampliada también por la situación sanitaria y la ausencia de una verdadera reactivación económica por parte del gobierno”, enfatizó la legisladora.
La socialcristiana aseguró que el pésimo manejo de la información que se dieron en torno a este Presupuesto, y que ha sido una tónica en esta Administración.
Para Díaz, algunos de los yerros de este gobierno PAC, se evidencia una desvinculación entre el plan nacional de desarrollo y la deuda pública. No hay objetivos estratégicos en muchos de las entidades públicas.
Además, advirtió que la cantidad de metas no son suficientes, aún existe programas presupuestarios sin indicadores, lo cual limita la información cualitativa y cuantitativa de rendición de cuentas, y de contar con un control cruzado claro y oportuno.
“¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está ese líder que tiene que tomar decisiones para llevar a un buen puerto al país?”, cuestionó.
Díaz sentenció que la acción política del presidente es fundamental en esta coyuntura, pero no hay señales de nada.
“Se evidencio un pésimo manejo de la información a lo interno de las propias instituciones al no seguir ni las regulaciones que se dieron para la construcción de un presupuesto mucho más reducido y ajustado, disminuyendo todos aquellos aspectos en los cuales se pudieran hacer rebajas, para contribuir al recorte del gasto público y entregar un presupuesto más acorde a la crisis financiera del país”, agregó Díaz.
La subjefa de fracción evidenció la poca voluntad que tuvo el Poder Ejecutivo en recortar el gasto con las propuestas que presentó en la Comisión de Hacendarios así como las que presentaron otros diputados que no fueron tomadas en cuenta.
Díaz sentenció que “nuevamente en la Asamblea Legislativa le hacemos el trabajo a los del Ejecutivo, un rol que nos ha tocado en esta administración ante la poca voluntad del PAC de tener un compromiso serio, en este caso con los recortes, con el país”.
“Presenté mociones recortando el monto asignado a algunas instituciones en forma justificada, orientadas a la disminución de los recursos que se destinan a algunas partidas presupuestarias, tomando como base de investigación y análisis no solamente el objetivo de la razón de ser de estas entidades sino la eficiencia en la ejecución y administración de los recursos que se les transfieren”, acotó la legisladora.
Además, en su discurso la diputada resaltó las gestiones que realizó para apoyar a las asociaciones de desarrollo, las cuales recibirán una partida adicional por 1.000 millones de colones después de verse afectadas por un gran recorte.
“Sé que ese dinero será bien invertido y que ayudará a miles de familias en el país, por lo que espero seguir fortaleciendo la labor de estas asociaciones, las cuales son lideradas por personas que están siempre al servicio de las comunidades”, expresó la socialcristiana.
También la legisladora fue parte de la negociación para solventar el problema que viven las cocineras del Ministerio de Educación Pública y presentó una moción para que se le destinarán poco más de 11 mil millones de colones al MEP y que la institución velara por las garantías laborales de las cocineras.
Al final se rechazó la moción, pero se aprobó destinar 8.500 millones de colones que serán gestionados por las Juntas de Educación y se trabajará en un proyecto que garantice un marco jurídico regulatorio para este sector.
