San José, 19 mar (elmundo.cr) – El diputado republicano Dragos Dolanescu envió una carta dirigida al Consejo Superior de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia con una excitativa para el tratamiento del apremio corporal por pensiones alimentarias.
En la misiva el legislador indica que “me dirijo a ustedes de manera respetuosa con la finalidad de hacer una excitativa relacionada con las obligaciones alimentarias que tienen muchos costarricenses, y que demandan la permanente actividad de los juzgados del ramo que no sólo obliga a los funcionarios judiciales a asistir necesariamente al juzgado, sino además a los beneficiarios de las pensiones a asistir permanentemente a los juzgados acompañados de sus hijos pequeños o de adultos mayores a solicitar apremios corporales, mismos que incrementarán con la pandemia del COVID-19, que generará a todas luces pocos ingresos y desempleo”.
“He conversado con muchos obligados alimentarios, siendo la mayoría de ellos trabajadores informales, que manifiestan con gran preocupación como su ingreso económico en estos días se ha reducido al mínimo, lo que les impide cumplir con los pagos de pensión alimentaria y que temen el apremio corporal”, agregan.
El legislador señaló entre sus preocupaciones que si las personas que tienen pensiones alimentarias van a la cárcel, la población carcelaria va a aumentar, trayendo consigo problemas de hacinamiento y agravando la problemática por el coronavirus.
También, comentó que esto ocasiona que las personas que no reciben su pensión a consecuencia de la crisis económica asistan a los juzgados acompañados en muchos casos de sus hijos, saturando también estos espacios, con el peligro de que alguna de estas personas trasmita el COVID-19 a los demás.
Por otro lado el personal judicial que atienda a estas personas podría verse afectado por contagio con cualquier persona transmisora del virus.
Dolanescu solicita que por un plazo de 40 días o hasta el 30 de abril de 2020 se suspendan las solicitudes de apremio corporal en contra de los obligados alimentarios que no cumplan con su obligación por razones y problemas económicos derivados de cierre de negocios, despidos y por cuarentena de salud que vive el país.
Esto no implica que se deje de pagar la pensión, sino que se haga un plan remedial para que se le permita pagar en tractos de acuerdo a los ingresos que tenga durante la declaratoria de pandemia, explicó el legislador.
Además, los obligados a pagar pensión alimentaria tendrían un plazo de dos o tres meses para ponerse al día con sus obligaciones, siendo que se normalizará el cobro de la obligación alimentaria.
El diputado fue enfático en que le preocupa que al subir el desempleo a raíz de la pandemia que estamos enfrentado muchos trabajadores al no poder tener recursos suficientes dejen de pagar una parte de la pensión y sean llevados a la cárcel, “esto puede convertirse en una bomba de tiempo y afectar la salud de todos, si alguno tiene el virus”.
