San José, 31 ago (elmundo.cr) – La diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, condenó categóricamente una publicación realizada por la diputada de Pueblo Soberano, Nayuribe Guadamuz, a quien señaló de incitar a la agresión física contra el diputado Ariel Robles.
Dobles afirmó que este tipo de mensajes no deben ser normalizados y advirtió sobre el riesgo que representan los llamados a la violencia provenientes de personas que ocupan cargos públicos.
“No podemos normalizar ni tolerar ningún tipo de llamado a la violencia o a la agresión física, ni tampoco llamados de odio”.
La legisladora también expresó su solidaridad con Robles y calificó como peligrosa la difusión de este tipo de mensajes desde espacios de poder.
“Condeno categóricamente la publicación que hizo la diputada Nayuribe Guadamuz incitando a la agresión física del señor Ariel Robles y me solidarizo con don Ariel”.
Dobles señaló que las expresiones de quienes ocupan cargos públicos pueden tener consecuencias debido al peso que tienen sus palabras ante la ciudadanía.
“Esto es peligrosísimo, sobre todo si vienen llamados de odio de personas que ocupan cargos públicos porque sus palabras tienen peso”.
Además, alertó sobre la posibilidad de que una persona interprete esos mensajes como una autorización para actuar violentamente. “Y solo se necesita una persona que considere que esto legitima tomar una acción para que tengamos un desastre que lamentar”.
La diputada defendió la necesidad de mantener un debate político firme, pero dentro de límites de respeto. “Nuestro debate público requiere firmeza, pero respeto”.
Finalmente, Dobles vinculó sus declaraciones con el contexto de violencia que atraviesa Costa Rica y cuestionó que desde los poderes de la República se promuevan mensajes que puedan aumentar la confrontación.
“Y en un momento en donde Costa Rica está viviendo una ola de violencia, lo último que necesitamos es a poderes de la República incitando a más odio, más división o más violencia”.
Las declaraciones de Dobles se suman a la polémica generada por la publicación atribuida a Guadamuz y reavivan el debate sobre los límites del discurso político, especialmente cuando las expresiones provienen de funcionarios públicos.
