San José, 6 jul (elmundo.cr) – El Poder Ejecutivo comunicó que con el objetivo de brindar una respuesta óptima a la situación que enfrenta nuestro país con el alza en los combustibles, la inflación y las finanzas públicas.
El Gobierno de la República, con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), emitió los elementos esenciales por los cuales se deberán regir las instituciones del sector público para implementar el teletrabajo dentro de la jornada ordinaria.
Mediante una directriz presidencial, el poder Ejecutivo solicitó a las instituciones del Estado que están bajo su mandato la implementación de este método de trabajo, de manera oportuna y resguardando la calidad del servicio que deben ofrecerle a la población.
La normativa, la cual atravesó múltiples ajustes y revisiones del equipo de la Comisión Institucional de Teletrabajo (CITT), también insta a las instituciones descentralizadas, y a los otros regímenes del Estado, a seguir dichos criterios como una guía de recomendaciones para tratar de reducir el impacto que tienen agentes externos en el comportamiento socioeconómico de nuestro país.
De acuerdo con estudios efectuados por la CITT, la implementación del teletrabajo en el sector público, traería consigo grandes beneficios para la población y para el propio Estado, ya que provocaría una disminución de más de 26 mil vehículos por día en las vías de la Gran Área Metropolitana (GAM), lo que a su vez resultaría en una reducción del consumo de combustibles en más de 52 millones de litros al año, cuya cantidad al valor actual, más de ¢1.000 por litro, representaría un ahorro al país de más de 52 mil millones de colones, aproximadamente.
Con esta acción, también nuestro país reafirmaría su compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tras lograr disminuir su huella de carbono en más de 30 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, informó el Ejecutivo.
Concluyeron indicando que esta metodología de trabajo también traería consigo una serie de beneficios económicos y sociales para los costarricenses, ya que parte de los estudios demuestran que su implementación significaría para las personas trabajadoras, un ahorro promedio de 363 mil colones anuales y una reducción de cerca 60 horas mensuales en tiempos improductivos, como en traslados a los centros de trabajo, lo que le confiriere al servidor público más de 270 horas anuales, una jornada de tiempo que estará siendo resguardada por el Estado, mediante la reciente reforma de la Ley 9738, que garantiza el derecho a la desconexión digital de las y los funcionarios públicos.
