San José, 3 nov (elmundo.cr) – El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza señaló que los allanamientos y arrestos efectuados este viernes contra personas involucradas en el caso mediáticamente conocido como el cementazo, es apenas “una primera fase”.
Espinoza acompañó a la Fiscala General Interina, Emilia Navas Aparicio en una conferencia de prensa la mañana de este viernes, luego de que se realizaran las gestiones de allanamientos y detención de Juan Carlos Bolaños, Mario Barrenechea y Gilbert Barrantes.
“Lo más importante para la Policía Judicial es refrendar y rescatar que la actividad estamos ejecutando es fruto conjunto del esfuerzo de dos órganos que se dedican a la actividad represiva en el país y que han unido sus voluntades, su conocimiento y experiencia para realizar una investigación objetiva, clara, imparcial y transparente que le permita al país conocer qué fue lo que realmente sucedió con los préstamos que surgieron del Banco de Costa Rica y que fueron girados para efectos de que tres compañías al menos, intervinieran en la adquisición de cemento chino”, declaró el director del OIJ a los medios de comunicación.
Espinoza dio indicios de que se está investigando el proceso de otorgamiento de crédito a Sinocem, los cambios reglamentarios que se hicieron, las compras de cemento chino que algunas compañías hicieron de ese producto, los intereses que había en torno a que el negocio de Sinocem tuviera éxito.
“Estas siete acciones operativas que reseñó doña Emilia son apenas una muestra de lo que estamos por iniciar. Fiscalía y OIJ estamos por el mismo camino, el camino de la legalidad, el camino que quiere el país y el que exige la sociedad en cumplimiento de la Ley”, agregó.
De acuerdo con el jerarca de la Policía Judicial, la idea es continuar por la actual senda de investigación y tratar que los hechos se esclarezcan.
Este viernes, el OIJ arrestó a Juan Carlos Bolaños, Mario Barrenechea y Gilbert Barrantes. Asimismo, falta la detención de otras cinco personas, entre ellas funcionarios públicos, a quienes se le siguen causas por el delito de peculado.
